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En el segundo día de audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (EJP) en Ocaña, en donde se encuentran las 35 familias de las víctimas de los 'falsos positivos' de zona del Catatumbo, que exigen la verdad y conocer a los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales.
Tanto los oficiales como suboficiales del Ejército que han narrado su participación en los 'falsos positivos', han reconocido su responsabilidad de participar en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
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El sargento segundo del Ejército Mauricio Pérez Contreras dijo en su intervención que "mi falta de temor a Dios, de amor y respeto por la vida y la dignidad humana, me llevó a convertirme en un asesino, en una máquina de muerte".
El suboficial reconoció que utilizó su grado y uniforme del Ejército para asesinar a personas inocentes y posteriormente demostrar resultados. Dijo que en varias oportunidades escuchó la palabra legalizar que significa agarrar a alguien y asesinarlo.
Mientras que Carmenza Gómez, madre de Víctor Gómez, asesinado en Ocaña, habló en representación de las víctimas de las madres de Soacha y dijo que han escuchado que las exigencias venían de sus superiores, pero no han dicho de quién procedían las ordenes.
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"Nosotros sabemos que detrás de ustedes vienen personajes importantes como Uribe, Santos, Padilla y Montoya, sabemos que ellos tienen la culpa, por eso les suplicamos que digan la verdad, pero con nombres, ustedes nos deben ayudar a limpiar este odio que tenemos en nuestro corazón", dijo Gómez.
Durante la audiencia, los diez miembros de la fuerza pública y el tercero civil que fueron hallados máximos responsables, deben pasar del reconocimiento escrito al reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP les imputó.
