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El incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, no se definirá únicamente con base en la inflación, como ha ocurrido en años anteriores.
Así lo explicó el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, al señalar que el Gobierno evalúa otros factores estructurales que inciden directamente en el costo real de la atención en salud.
De acuerdo con el funcionario, aunque en el pasado la Comisión de Costos, Beneficios y Tarifas se vio obligada a aplicar el ajuste automático por inflación debido a la falta de información confiable reportada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el escenario actual apunta a un análisis más amplio que permitirá incorporar variables adicionales al cálculo del incremento de la UPC.
Factores adicionales
Martínez explicó que uno de los elementos que siempre impacta el aumento de los recursos del sistema es el envejecimiento de la población. La UPC se paga por grupos etarios y, cada año, miles de afiliados pasan a rangos de mayor costo, lo que genera un incremento automático cercano a un punto porcentual adicional, incluso si no se decretara un aumento formal.
A esto se suma la igualación de la UPC entre los regímenes contributivo y subsidiado, una medida que también representa una mayor destinación de recursos y que continuará incidiendo en el financiamiento del sistema.
Asimismo, el Gobierno tiene en cuenta la presión de costos en medicamentos y tecnologías en salud, un aspecto que ha sido señalado por distintos actores del sector y que, según la ADRES, debe analizarse con información depurada y verificable para evitar distorsiones en la toma de decisiones.
Más recursos, incluso sin incremento nominal
El director de la ADRES subrayó que, contrario a lo que se ha planteado en algunos sectores, nunca ha habido una reducción real de recursos para la salud.
“Cuando se decreta un aumento del 5 %, en la práctica el sistema termina recibiendo cerca del 7 %, por efecto del envejecimiento poblacional y otros ajustes automáticos”, explicó.
Incluso en escenarios en los que no fue posible definir un aumento técnico por las graves inconsistencias en las bases de datos —como ocurrió en años anteriores—, la ley obligó a aplicar el incremento por inflación, garantizando así un crecimiento mínimo de la UPC.
Información bajo verificación
Martínez aclaró que los análisis realizados por la ADRES corresponden a los años 2022 y 2023, información que influyó en las decisiones de la UPC hasta 2025. El cálculo específico para 2026 aún está en proceso, ya que la entidad no cuenta todavía con la base de datos completa de ese periodo.
No obstante, reiteró que la ADRES ha identificado irregularidades en la información reportada por las EPS, relacionadas con precios, fechas de prestación de servicios y cumplimiento de las normas del sistema de información.
Estos hallazgos han sido remitidos a los organismos de control, como la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría y, en los casos más graves, a la Fiscalía General de la Nación.
Un nuevo enfoque para la UPC
Con este panorama, el Gobierno busca que el aumento de la UPC para 2026 responda no solo a la inflación, sino también a factores demográficos, estructurales y de costos reales del sistema, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera y el uso adecuado de los recursos públicos.
La discusión técnica continuará en los próximos meses, mientras el sistema de salud y los distintos actores esperan una definición que refleje de manera más precisa las necesidades reales de financiación y permita fortalecer la atención a los millones de usuarios en todo el país.
