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El sistema de salud defraudó a Kevin Arley Acosta Pico, el menor de siete años que murió luego de dos meses sin recibir su medicamento para tratar la hemofilia A Severa. Así lo explicó la Defensoría del Pueblo en un corto pronunciamiento sobre el caso del menor, que evidencia fallas de parte de Nueva EPS, donde estaba afiliado.
La Defensoría, además, se desmarcó de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes culparon a la familia del niño por dejarlo montar bicicleta. Para el Ministerio Público, señalar a Yudy Katherine Pico, la madre de Kevin, es revictimizarla.
“Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada”, escribió la entidad en un trino, en el que concluyó que “el cuidado es un derecho humano, igual que la salud”.
Kevin murió el viernes 13 de febrero. Permanecía en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia, en Bogotá, luego de que Nueva EPS, donde estaba afiliado, autorizara su traslado desde Huila. Su tratamiento médico había sido interrumpido, y solo las súplicas y publicaciones en redes sociales sirvieron para el traslado.
El movimiento Pacientes Colombia, que reúne a cerca de doscientas organizaciones de pacientes, aseguró que la muerte del menor se debe al "abandono" de Nueva EPS. La oenegé calificó su fallecimiento como “evitable”. El 8 de febrero Kevin ingresó al hospital San Antonio de Pitalito tras sufrir una caída mientras montaba bicicleta.
Las deficiencias en el caso de Kevin Acosta
No recibía su medicamento desde el 12 de diciembre de 2025. Tampoco tenía una IPS asignada. “Esta es una grave vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida de un menor de edad”, denunció la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que siguió el caso y le exigió a Nueva EPS “una respuesta inmediata”.
El niño se golpeó la cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente. Su madre lo llevó a urgencias en Palestina, un municipio huilense fundamentalmente agricultor de cerca de doce mil habitantes. Requería Emicizumab, que debía aplicarse cada veintiocho días y del que ya completa dos meses sin recibir ninguna dosis.
Desde Palestina, los médicos lo remitieron a Pitalito. La IPS Medicarte terminó su convenio con Nueva EPS el primero de enero de 2026. Desde entonces, Kevin no tenía IPS asignada. La EPS le informó a la madre del menor del traslado a otra IPS, Integral Solutions, donde solo tuvo una consulta por teléfono.
Al día siguiente de la consulta, “me notificaron que esta IPS tampoco tenía contrato vigente con la EPS”, contó la señora Yudy Katherine. La consulta de hematología derivó en la orden de unos exámenes que, de todos modos, no fueron posibles. “Nueva EPS no se ha hecho responsable, ni de la IPS del niño ni del medicamento”, relató.
Los pacientes con hemofilia, un trastorno hereditario que afecta a la sangre, son especialmente delicados. Por ley, las EPS deben garantizar una IPS que brinde atención integral, incluso en términos psicológicos, y que garantice la dispensación de medicamentos. El golpe en la cabeza de Kevin provocó un sangrado cerebral.
“Fallamos”
“El sistema de salud, en su conjunto, falló en el cuidado de Kevin”, zanjó la Defensoría. La defensora del pueblo, Iris Marín, complementó que el sistema sanitario “no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance” ni de cumplir la ley. “Fallamos”, lamentó la constitucionalista. “Si no lo vemos así, se repetirá”, advirtió.
La historia de Kevin es una muestra más de cómo se ha agudizado la crisis de Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país y que la Superintendencia de Salud intervino en abril de 2024. Las quejas de sus usuarios crecieron el año pasado, sobre todo en Huila, donde Kevin vivía, de acuerdo con un reporte del Ministerio Público.
En términos de porcentaje, las personas afiliadas a Nueva EPS en el departamento incrementaron sus quejas en un 564%, pasando de registrar unas 39 en 2024 a 259 en 2025. El segundo territorio con mayor alza fue Vichada, con un 538%.
Quindío era, entre las regiones priorizadas por la Defensoría, el departamento con más quejas propiamente ante el organismo de derechos humanos, con 586 en 2024, y al año siguiente tuvo un aumento del 124%, con 1.314 casos en total. El balance en la Superintendencia de Salud es alarmante.
La superintendencia recibió 18.182 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de usuarios de Nueva EPS en 2024 en Norte de Santander. En 2025 la cifra creció en más de cinco mil casos, un 27%, hasta llegar a los 23.063.
Nueva EPS no mejora tras la intervención del Gobierno
Huila pasó de 14.668 PQRSD a 24.621, y Tolima, de 15.116 a 20.615. En el nororiente de Colombia los usuarios informan de más de seis meses, "inclusive años", —describe el ente de derechos humanos—, esperando medicamentos.
La Superintendencia de Salud mantiene intervenida a Nueva EPS desde el 3 de abril de 2024, cuando alegó "una alarmante escalada" en las reclamaciones. Un año y medio después, el Gobierno adquirió el 51% de las acciones de la empresa.
Actualmente, el gobierno de Gustavo Petro, con Guillermo Alfonso Jaramillo en el Ministerio de Salud, administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38.000 peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
