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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresó inquietud por decisiones recientes que suspenden órdenes de captura contra líderes de estructuras criminales, en un contexto donde los mandatarios locales enfrentan de manera directa los efectos de la violencia urbana.
La preocupación surge pese a que las autoridades han reportado resultados operativos relevantes contra organizaciones vinculadas a delitos como homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y control territorial.
Según cifras oficiales, las ciudades capitales concentran entre el 40% y el 45% de los homicidios intencionales y entre el 50% y el 55% de los casos de extorsión en el país, lo que refuerza la relevancia de las decisiones que impactan la política de seguridad en estos territorios. En este escenario, los gobiernos locales advierten sobre posibles efectos inmediatos en la percepción de seguridad y en la capacidad institucional para enfrentar el crimen.
Suspensión de órdenes de captura y sus implicaciones
La Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, expedida por la Fiscalía General de la Nación a solicitud del Gobierno nacional, suspendió temporalmente órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras criminales en el Valle de Aburrá y zonas cercanas, en el marco de la política de “paz total”. Esta medida se fundamenta en la Ley 2272 de 2022 y desarrollos jurídicos posteriores orientados a facilitar procesos de diálogo.
No obstante, la suspensión de capturas para delitos de alto impacto como homicidio, extorsión y secuestro ha generado alertas por su posible efecto sobre el orden público, especialmente ante la ausencia de información detallada sobre condiciones previas de sometimiento.
De acuerdo con lo señalado, este tipo de decisiones puede incidir en la labor de las autoridades territoriales encargadas de preservar la seguridad.
Las autoridades también advierten que estas medidas pueden interrumpir procesos de inteligencia que toman entre 8 y 14 meses, incluyendo labores de infiltración, interceptación de comunicaciones y allanamientos. La suspensión de capturas impide la continuidad de estas acciones y, según lo reportado, limita la posibilidad de avanzar en investigaciones contra cabecillas de organizaciones criminales.
Impacto en la estrategia de seguridad
El Gobierno nacional ha defendido estas decisiones como parte de una estrategia para reducir la violencia urbana mediante el diálogo y el sometimiento colectivo, argumentando que buscan generar condiciones para la desescalada del conflicto en entornos urbanos. Sin embargo, en distintos territorios esta postura ha sido interpretada como una flexibilización del rigor penal frente a actores de alto impacto.
En este contexto, el presidente de Asocapitales y alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó su rechazo a este tipo de medidas, señalando que podrían enviar mensajes contradictorios frente al crimen organizado y afectar los esfuerzos de seguridad a nivel local. Esta posición refleja una inquietud compartida entre varios mandatarios de ciudades capitales.
Asocapitales identificó tres riesgos principales asociados a estas decisiones: la incoherencia en la política criminal, el fortalecimiento indirecto de estructuras ilegales y la afectación a las víctimas y a la confianza ciudadana. Según lo expuesto por la entidad, la falta de claridad sobre los alcances, condiciones y resultados de estas medidas puede generar incertidumbre institucional.
La organización solicitó al Gobierno nacional información detallada sobre los criterios técnicos y jurídicos aplicados, los mecanismos de verificación, los indicadores de reducción de la criminalidad y las garantías para las víctimas, subrayando la necesidad de una política criminal coherente y previsible. Asimismo, se destacó que las ciudades capitales no pueden asumir de manera aislada las consecuencias de decisiones que inciden directamente en la seguridad urbana.
