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Cuando una empresa le solicita a un trabajador que se practique un examen médico, es común que surjan dudas sobre si ese procedimiento es obligatorio o si el empleado puede negarse. La respuesta depende del tipo de evaluación que se trate.
En Colombia, la norma establece las diferencias entre los exámenes médicos ocupacionales, que hacen parte de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y otras pruebas en las que sí se necesita el consentimiento de la persona.
El abogado y profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Iván Jiménez, explicó que, en principio, un trabajador no puede rechazar las evaluaciones médicas ocupacionales cuando estas hacen parte de las obligaciones legales del empleador para proteger la salud de su personal y verificar que las condiciones del empleado sean compatibles con las funciones que desempeña.
La regulación sobre este tema está en la Resolución 2346 de 2007 del entonces Ministerio de la Protección Social. Esta norma señala que las evaluaciones médicas ocupacionales tienen como objetivo conocer las condiciones de salud del trabajador frente a los riesgos propios de su actividad laboral.
Además, establece que estos exámenes pueden realizarse antes del ingreso al cargo, durante la relación laboral y al finalizar el contrato.
Los exámenes ocupacionales hacen parte de las obligaciones laborales
Estas evaluaciones médicas ocupacionales buscan identificar si el trabajador se encuentra en condiciones de desempeñar sus funciones y detectar de manera temprana posibles afectaciones relacionadas con el trabajo. También permiten que el empleador adopte medidas para prevenir accidentes o enfermedades laborales dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por esa razón, cuando una empresa solicita un examen ocupacional previsto en la ley, el trabajador, en términos generales, no puede negarse a practicarlo. Estos procedimientos no son una decisión discrecional del empleador, sino una obligación establecida en la normativa para hacer seguimiento al estado de salud de quienes desarrollan determinadas actividades.
La misma resolución también dispone que todos los costos de estos exámenes deben ser asumidos por el empleador. Esto incluye tanto la evaluación médica como las pruebas complementarias que el profesional de la salud considere necesarias. En ningún caso esos gastos pueden trasladarse al trabajador o al aspirante a un empleo.
Otro punto importante que protege la norma es la confidencialidad de la información médica. La empresa no tiene acceso a la historia clínica ocupacional del trabajador. Lo único que recibe es un certificado emitido por el médico, en el que se informa si la persona es apta para el cargo y, cuando corresponda, las restricciones o recomendaciones para el desarrollo de sus funciones.
Hay pruebas médicas que sí pueden rechazarse
La situación cambia cuando el examen solicitado no hace parte de las evaluaciones ocupacionales obligatorias o cuando se trata de procedimientos que requieren autorización expresa del trabajador.
La Resolución 2346 de 2007 establece que algunas pruebas complementarias necesitan el consentimiento informado de la persona. Esto significa que el trabajador debe conocer el procedimiento, su finalidad y aceptar voluntariamente su realización antes de que pueda practicarse.
Además, la Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales en Colombia, considera que la información sobre la salud son datos sensibles. Por esa razón, el acceso, tratamiento o divulgación de esa información solo puede realizarse en los casos autorizados por la ley o con la autorización del titular.
Esto también implica que el empleador no puede solicitar libremente cualquier examen médico ni acceder a diagnósticos, tratamientos o antecedentes clínicos del trabajador. La historia clínica mantiene su carácter reservado y únicamente puede ser consultada en las situaciones previstas por la legislación.
Las consecuencias dependen del tipo de examen solicitado
Negarse a una prueba médica no siempre produce los mismos efectos. Todo depende de si el examen hace parte de las obligaciones establecidas por la normativa o si corresponde a una valoración que requiere autorización del trabajador.
Si la negativa recae sobre una evaluación médica ocupacional obligatoria, el empleador podría considerar que existe un incumplimiento de los deberes relacionados con la prevención de riesgos laborales, ya que estos exámenes permiten verificar que las condiciones de salud sean compatibles con las actividades que desarrolla el empleado.
En cambio, cuando se trata de una prueba para la que la ley exige consentimiento o de información protegida por la reserva de la historia clínica, el trabajador conserva el derecho de decidir si autoriza o no su realización. En esos casos, la empresa debe respetar los límites establecidos por la legislación sobre privacidad y protección de datos personales.
¿Un trabajador puede negarse a un examen médico ocupacional?
En términos generales, no. Si se trata de un examen médico ocupacional contemplado en la Resolución 2346 de 2007, el trabajador debe practicárselo, ya que hace parte de las obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
¿La empresa puede conocer la historia clínica del trabajador?
No. El empleador únicamente recibe el concepto de aptitud emitido por el profesional de la salud. La historia clínica ocupacional es reservada y solo puede consultarse en los casos previstos por la ley o con autorización del trabajador.
¿Qué pruebas médicas sí pueden rechazarse?
Las pruebas que requieren consentimiento informado o aquellas que no hacen parte de las evaluaciones ocupacionales obligatorias pueden ser rechazadas por el trabajador, siempre que la legislación exija su autorización para practicarlas.
