El dilema en el corazón de José Félix Lafaurie

¿Seguirá acompañando los diálogos con el ELN en medio de los ataques del gobierno a los ganaderos?
José Félix Lafaurie
José Félix Lafaurie hace parte del equipo negociador con el ELN Crédito: Colprensa

¿Qué va a pasar con José Félix Lafaurie? ¿Seguirá acompañando los diálogos con el ELN en medio de los ataques del gobierno a él y a los ganaderos?

Ese es el gran dilema en el corazón de José Félix Lafaurie por estos días. Desde su misma familia le han pedido abandonar esos diálogos, pero él por ahora seguirá su política: "Al toro hay que liderarlo mirándole a los ojos y por delante".

Así entonces seguirá liderando ese toro, pero sin quedarse callado. José Félix Lafaurie ha escrito varias columnas en las que dice cosas como estas la Ley del Plan de Desarrollo -promulgada el pasado mes de mayo- terminó con un “añadido” de última hora, los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”. También habló de un título engañoso pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para “obligar” al propietario a la “oferta voluntaria”.

Y agrega que es gravísimo pues lo que plantea el artículo es un verdadero “dilema extorsivo”: o me vende la tierra que quiero comprar o se la quito.

No en vano fue bautizado como “expropiación exprés”, un término que le queda corto, pues la expropiación conlleva indemnización, en tanto que la extinción de dominio es un castigo equiparable al impuesto a un criminal.

José Félix Lafaurie seguirá cumpliendo el acuerdo con los ganaderos de venderle tierras al gobierno y seguirá acompañando el proceso con el ELN, pero no deja de preguntarse... ¿por qué el artículo 61, que le resta garantías al propietario y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio? ¿por qué, ahora, un decreto que rebasa la potestad reglamentaria del Gobierno y concentra en la ANT competencias ambientales y hasta tributarias? ¿Quién está detrás de esto?


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