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Una evaluación de Profamilia sobre la puesta en marcha de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, a través de la Sentencia C-055 de 2022, confirmó que se ha permitido el acceso oportuno y sin barreras de las mujeres y personas gestantes a la atención médica a la que tienen derecho.
De acuerdo con la entidad, entre enero y julio de 2023 y a través de su IPS, se registró un aumento del 36.7% en el número de procedimientos en comparación con el mismo periodo del año anterior.
“Colombia cuenta con uno de los contextos legales más avanzados de la región y el mundo en materia de reconocimiento del aborto como un servicio de salud esencial al que las mujeres y personas gestantes tienen derecho”, indicó Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia.
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Destacó que las cifras de las atenciones evidencian lo pertinente y necesario que era avanzar hacia la despenalización del aborto en Colombia, pues cuando las mujeres y personas gestantes cuentan con una regulación enfocada en sus derechos y no en la penalización y la cárcel, pueden acceder al servicio de manera oportuna evitando edades gestacionales avanzadas y los riesgos asociados a prácticas inseguras del aborto.
“Sin embargo, debemos seguir trabajando para que lo que está escrito sea una realidad; implementar procesos efectivos en Educación Integral en Sexualidad, así como avanzar en la despenalización social del aborto y la eliminación de todo tipo de barreras que impidan su acceso oportuno, seguro y humanizado, esto debe seguir siendo una prioridad” aseguró.
En la evaluación realizada a través de su red de más de 50 clínicas a nivel nacional, Profamilia encontró que a más de un año y medio del fallo de la Corte Constitucional, las mujeres, hombres trans y personas no binarias deciden interrumpir su embarazo tempranamente.
El informe revela que el 75% de los abortos realizados suceden antes de la semana 9 y el 88% se dan en las primeras 12 semanas de gestación, lo que significa que 3 de cada 4 abortos se presentaron en el primer trimestre del embarazo.
“Los procedimientos realizados después de la semana 24 de gestación suelen estar relacionados con la persistencia de barreras de acceso que van desde el desconocimiento de la normatividad vigente, el estigma social, los diagnósticos tardíos y los contextos de pobreza y violencia que dificultan su acercamiento temprano al sistema de salud”, señala el informe.
La entidad destacó que las barreras para acceder de manera oportuna a servicios de aborto afectan de manera desproporcionada a las mujeres y personas gestantes más vulnerables.
“A menudo, quienes viven en contextos de pobreza y donde derechos fundamentales como la educación y la salud no son garantizados, son quienes encuentran mayores obstáculos para ejercer su autonomía reproductiva”, indicó.
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Profamilia señaló que por lo menos el 75% de las usuarias que lograron acceder a un aborto de manera oportuna, son personas de los estratos socioeconómicos 1 y 2.
Gracias al fortalecimiento de la atención por telemedicina a través de Mía, Profamilia logró facilitar el servicio a mujeres que deseaban interrumpir su embarazo en zonas de difícil acceso y con limitaciones económicas como Leticia(Amazonas), Bahía Solano (Chocó), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Dibulla (La Guajira), entre otros.
“La mayoría de los abortos realizados por Profamilia se presenten en las primeras semanas de gestación, es por eso que el 75% se generan a partir de métodos farmacológicos. Es decir, sin que se haga necesario un procedimiento médico-quirúrgico”, señala el documento.
