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La ONG internacional, Human Rights Watch, informó a la Corte Constitucional sobre los impactos negativos que genera la penalización del aborto en las mujeres quienes, en la mayoría de los casos, acuden a procedimientos inseguros en lugares clandestinos, poniendo en peligro su vida.
En un concepto enviado a la Corte, la organización internacional dijo que la penalización del aborto perjudica a las mujeres y niñas más vulnerables, tras citar un informe de la Fiscalía General, que da cuenta que “en el período 2010-2017, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto vivía en zonas rurales”.
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La organización también citó un informe internacional sobre el aborto de 2017, que concluyó que cada año, entre 2010 y 2014, se practicaron 25 millones de abortos inseguros (clandestinos) en el mundo, y que mujeres y niñas murieron en medio del procedimiento.
“El informe determinó que entre el 8% y el 11% de las muertes maternas en todo el mundo están asociadas con el aborto, que provocó de 22.800 a 31.000 muertes prevenibles cada año”, señala el documento.
“Los abortos en condiciones de riesgo son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna. Por este motivo, los Estados deberían legalizar el aborto” dice la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) citado por HRW en el concepto enviado a la Corte.
Por su parte, la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional también le dijo a la Corte que la penalización del aborto “tiene impactos negativos en los derechos humanos” de todas las mujeres.
La organización advirtió que el Estado tiene la obligación de hacer efectivo el acceso a servicios de aborto en condiciones seguras, cuando ha establecido un régimen de despenalización” como lo ocurrido en Colombia en el 2006.
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“Una regulación que despenalice totalmente el aborto no podría imponer más restricciones al acceso en las causales que ya son consideradas legales”, dijo la organización, que además recomendó no poner limites gestacionales al aborto, ya que “pueden constituir una barrera discriminatoria y arbitraria” para la mujer.
También señaló que la regulación del aborto, a través de la penalización, se basa en “estereotipos nocivos de género que los Estados deben contrarrestar” por eso recomienda regular el aborto “por fuera del derecho penal y sin uso de leyes de carácter punitivo”.
Finalmente, Médicos sin Fronteras reveló que la mayoría de las mujeres víctimas de la violencia en Colombia buscan apoyo sicosocial por embarazos no deseados que terminan en abortos en lugares clandestinos.
También revelaron que la mayoría de las mujeres que abortan en lugares clandestinos son víctimas de estigmatización, maltrato físico y psicológico, no tienen apoyo familiar, y desconocen el marco legal que las protege.
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“Los fundamentos culturales, religiosos y sociales en contra del aborto, así como la falta de información sobre el marco legal, favorecen un entorno que estigmatiza el aborto con graves afectaciones sobre las mujeres más vulnerables”, se indica en el concepto enviado a la Corte.
La organización informó que, de 428 mujeres y niñas que buscaron apoyo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el 88% enfrentó al menos una barrera social y la mitad consideraba que el aborto era un delito en cualquier caso.
Esos conceptos de dieron en el marco del estudio que esta haciendo la Corte Constitucional para eliminar el articulo 122 de la Constitucional que da hasta cuatro años de cárcel para quien practique el aborto por fuera de las tres causales despenalizadas desde el 2006.
