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En medio de las críticas que ha recibido la Fiscalía General de la Nación por varios contratos de prestación de servicios, en lo que el Centro Democrático denominó una “nómina paralela”, se radicó una reforma constitucional que busca ponerle freno a los excesivos gastos presupuestales.
El senador Ernesto Macías, autor de la iniciativa, señaló que el Congreso debe tener facultades para pasar al tablero a quienes estén al frente de la Procuraduría, Fiscalía, Registraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría para que informen detalladamente cómo han gastado los recursos que tienen destinados para su funcionamiento.
“Creemos que es conveniente para la democracia que estos altos funcionarios que dirigen organismos de control y manejan presupuesto nacional acudan al Congreso a rendir cuentas en el momento que sean requeridos”, dijo Macías.
El legislador argumentó que el manejo administrativo de todas las entidades debe ser claro y por eso deben estar sujetos al control político para que los colombianos conozcan el manejo de los recursos.
El caso más recordado en la Fiscalía es el de los millonarios contratos que recibió Natalia Springer, para adelantar una serie de investigaciones sobre el conflicto en el país con un supuesto método novedoso que permitía, por ejemplo, determinar el por qué de algunas acciones criminales del ELN y las Farc.
Ernesto Macías fue precisamente quien en 2015 reveló que en el ente acusador había, según él, una nómina paralela que superaba los $10 mil millones anuales. En varias ocasiones el exfiscal Eduardo Montealegre fue citado al Congreso, pero se determinó que el legislativo no tenía facultades para hacerlo, se resolvió invitarlo, pero así tampoco asistió el entonces jefe del ente acusador.
