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La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, presentó en el Congreso Nacional de Minería los detalles del proyecto de decreto de reordenamiento minero ambiental que está siendo desarrollado por el Gobierno.
Durante su discurso, la ministra enfatizó que este proyecto no tiene la intención de paralizar la industria minera en el país, sino que busca establecer una planificación justa para los títulos mineros y promover una minería más respetuosa con el medio ambiente.
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En sus palabras, la ministra Muhamad aclaró que el decreto establecerá los criterios y directrices para las reservas naturales temporales, pero que la creación de cada reserva estará respaldada por un acto administrativo específico, que incluirá una justificación técnica detallada.
Enfatizó que no se trata de una norma inflexible, y su objetivo principal es ordenar de manera socioambientalmente responsable las áreas que históricamente han experimentado conflictos.
Además, la ministra destacó que cada reserva temporal deberá contar con un cronograma y un plan de trabajo que defina la zonificación, el ordenamiento y los propósitos de estos espacios. Su enfoque es claro: "No buscamos poner fin a la industria minera o restringirla. Lo que buscamos es ordenar socioambientalmente áreas conflictivas, donde la falta de coordinación entre el sector minero y el sector ambiental ha resultado en la concesión de títulos y la generación de conflictos socioambientales".
La visión del Gobierno en relación con la minería es crear una industria que no solo sea responsable ambientalmente, sino que también esté integrada en el contexto social y económico del país. La ministra enfatizó la necesidad de desarrollar una minería estratégica que impulse cadenas productivas y la industrialización de Colombia, en lugar de centrarse únicamente en la exportación de minerales sin valor agregado.
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La ministra Muhamad también reconoció que en el pasado se otorgaron títulos mineros sin un proceso riguroso, lo que resultó en conflictos socioeconómicos y actividades mineras ilegales. Señaló que el Estado tiene la responsabilidad de abordar estos problemas y fortalecer las instituciones y la presencia territorial para garantizar un futuro más sostenible en el sector minero.
En resumen, el proyecto de decreto tiene como objetivo mejorar la planificación ambiental, impulsar la participación ciudadana, conservar y proteger áreas vulnerables, garantizar la seguridad jurídica y establecer reservas naturales temporales respaldadas por un sólido fundamento técnico. Además, se busca no afectar las situaciones jurídicas de las empresas mineras que ya están consolidadas. En las próximas semanas, el Ministerio de Ambiente liderará un diálogo con el sector minero para abordar sus preocupaciones y crear las condiciones para la implementación del decreto.
