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Antes de la medianoche de este lunes, las senadoras Norma Hurtado, Esperanza Andrade, Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos radicaron en la Comisión Séptima del Senado la ponencia alternativa a la Reforma a la Salud, que presentó el Gobierno.
Mientras el Ejecutivo insiste en responsabilizar al Congreso de la crisis del sistema por no aprobar su proyecto, las congresistas plantearon una salida distinta, que calificaron como “seria, estudiada técnicamente y financieramente viable”, frente a las dificultades que atraviesa la salud.
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La senadora Norma Hurtado explicó que “la crisis actual no es porque no se haya aprobado la reforma del Gobierno Petro. Es producto de la mala administración, de intervenciones fallidas y del llamado ‘chu-chu-chu’ que profundizó la crisis y dejó al sistema en estado crítico".
Agregó que "ni esa reforma ni el archivo son la solución: el país necesita una propuesta distinta, que garantice soluciones reales. Postergar el debate sería condenar a pacientes, médicos, hospitales y clínicas”.
Por su parte, la senadora Lorena Ríos afirmó que “esta ponencia es la solución que el país necesita para evitar que el Gobierno imponga, por decreto, una visión que no ha funcionado”.
Señaló que la situación puso en riesgo la vida de los colombianos debido a la congestión en las citas, la falta de medicamentos y la imposibilidad de cumplir tratamientos.
“Esa decisión de no construir sobre lo construido nos llevó de nuevo a tiempos pasados, cuando la muerte era sinónimo del sistema de salud”, advirtió.
Las senadoras indicaron que la propuesta alternativa le cierra la puerta a una estatización del sistema de salud, no elimina del todo las EPS y las transforma en Gestoras de Salud y Vida para administrar el riesgo en salud y la prestación de servicios públicos, privados y mixtos.
La ponencia planta asignar mayores recursos para “rescatar la sostenibilidad del sistema y responder a la crisis que enfrentan médicos, hospitales, clínicas y proveedores”.
Los pilares de la ponencia establecen que no se trató de estatizar todo, sino de mejorar el sistema actual. Las Gestoras de Salud y Vida (GSV) controlarían las redes, la calidad y la auditoría, pero no manejaron directamente los recursos. Se integró un sistema único de información (SPUIIS) y un sistema nacional de auditoría (SNAGS) con el fin de vigilar en tiempo real el uso de los recursos y activar acciones preventivas frente a irregularidades.
Otro de los puntos centrales consiste en un cálculo técnico de la UPC con estudios validados por universidades y definidos por el Consejo Nacional de Salud. Además, propone pagos más rápidos a hospitales y clínicas, la protección de pacientes y prestadores, y la destinación de nuevos recursos provenientes de “impuestos saludables, IVA social y un punto del PIB”.
Las senadoras también destacaron la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud, formalizar el talento humano, crear un mecanismo de crédito especial para el sector y establecer nuevas fuentes de financiación.
Según el texto, el 100% del recaudo de impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados se dirigirá durante cinco años a sanear financieramente el sistema.
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Finalmente, las ponentes señalaron que la propuesta del Gobierno Petro busca concentrar 32 funciones en la Adres, lo que según afirmaron, podía generar riesgos de corrupción. En contraste, la ponencia alternativa “reduce esa concentración y limita sus funciones”.
Esta sería la propuesta que logre las mayorías en la Comisión Séptima del Senado para que el proyecto sea aprobado en tercer debate.
