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La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, continúa en el ojo del huracán, luego del escándalo que se desató por un millonario contrato que se adjudicó a una empresa para llevar internet gratuito a miles de colegios públicos en todo el país.
Según las denuncias que se han hecho, el anticipo de 70.000 millones de pesos que se le entregó a dicha compañía para la ejecución de este proyecto, podría perderse debido a varios incumplimientos.
Ante esta situación, más sectores políticos representados en el Congreso insisten en que la ministra Abudinen debe renunciar para que responda políticamente por lo ocurrido.
La senadora Aida Avella indicó que “¿Cuántos computadores se hubieran podido llevar a zonas apartadas para la educación de los niños del campo con la plata que se robaron a instancias del MinTic? Renuncie por vergüenza señora ministra, con los colombianos que pagaron en impuestos los 70.000 millones de pesos que aún están perdidos porque usted no cumplió con sus funciones de administradora”.
En ese sentido, afirmó que la funcionaria del Gobierno “no cuidó los recursos públicos”, pero lo peor de todo es que es que la historia de Colombia ha demostrado que “los contratistas no roban solos, lo cual es una vergüenza para el país”.
Lo mismo consideró la senadora Sandra Ramírez, quien señaló que la conectividad de 14.745 colegios públicos de todo el país podría estar en juego por cuenta de este escándalo.
“Han pasado más de seis meses de ejecución de este proyecto y como pudo observarse en medios de comunicación, miles de colegios del país se están quedando sin conectividad en plena pandemia. Esta desconexión se debe al sospechoso proceso de licitación que desarrolló la ministra”, sostuvo.
“Esos 70.000 millones de pesos podrían embolatarse y más de 7.000 centros educativos en departamentos como Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, entre otros, seguirán sin tener conexión a internet en el marco de una pandemia que no da tregua”, añadió.
Además, los congresistas cuestionaron que los asesores del Ministerio de las TIC no hayan podido corroborar la veracidad de los documentos presentados por quienes ganaron la licitación, lo cual también podría constituirse en un caso de negligencia.
Algunos legisladores ya están analizando la posibilidad de impulsar una moción de censura en el Congreso en contra de la ministra de las TIC, debido a este escándalo.
