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Alexander Vega, actual registrador nacional del Estado Civil, se encuentra en el ojo del huracán luego del escrutinio de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, donde le aparecieron casi 500.000 votos al Pacto Histórico.
El aumento de votos considerable para una sola colectividad generó el pronunciamiento de varios partidos políticos, que pidieron un reconteo de votos.
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Las críticas fueron más allá e incluso hubo candidatos presidenciales que pidieron la renuncia del registrador Vega.
Sin embargo, pocos conocen el recorrido político por el que ha pasado el actual registrador Alexander Vega, un abogado con especialización en alta dirección del Estado y maestría en políticas públicas de seguridad y defensa.
Vega se desempeñó como director ejecutivo de Transparencia Electoral de Colombia, también fue jefe de la misión electoral para ser veedor en las elecciones en Estados Unidos, así lo determinó Organización Mundial de Transparencia Electoral y la Universidad George Washington.
Igualmente, fue personero municipal de Chía (Cundinamarca) y en 2016 fue elegido como presidente del Consejo Nacional Electoral.
En 2021, recibió el reconocimiento en la categoría de “mejor servidor público que ha promovido proyectos, programas, servicios o iniciativas de inclusión y diversidad en la estrategia de vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años al Estado colombiano”, entregado por el presidente Iván Duque, lo que generó suspicacias entre varios políticos.
Ese premió lo obtuvo por "su iniciativa que busca promover la transformación digital, el fortalecimiento de la democracia y la vinculación de esta transformación en los jóvenes colombianos".
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Cabe recordar que el político Andrés Guerra, denunció que Vega, en medio de la carrera por la Registraduría había sido parte, junto con el exmagistrado Marco Emilio Hincapié, de una operación de extorsión en la que le pidieron 1.200 millones de pesos para salvarle la curul al Senado en 2010.
Por último, es de destacar que Vega, manifestó que no renunciará a su cargo tras la polémica por presuntas irregularidades en el preconteo de las elecciones del pasado 13 de marzo.
