La Corte Constitucional solicitó a la administradora colombiana de pensiones, (Colpensiones) que en un término de 24 horas haga llegar al alto tribunal los archivos electrónicos originales de los conceptos jurídicos que habría emitido el magistrado, Héctor Alfonso Carvajal, cuando fue contratista con la entidad. Dichos conceptos jurídicos con relación a la reforma pensional.
Se trata de los contratos de prestación de servicios, (Nos. 070 de 2024 y 005 de 2025) relacionados con esta ley. La Corte exigió incluir el análisis de su constitucionalidad, en sus formatos y archivos electrónicos originales.
Es decir, si al momento en que estos contratos quedaron suscritos entre el magistrado Carvajal y Colpensiones en formatos, (docx, .pdf, .msg o .eml), la entidad deberá presentarlos sin alteración alguna respecto de su contenido y estructura digital.
El mismo tiempo deberá incluirse los correos electrónicos institucionales originales recibidos en Colpensiones por medio de los cuales el contratista allegó dichos conceptos a la entidad. También sin alterar su contenido, metadatos o estructura digital.
Dentro del mismo contenido original solitados por la Corte, Colpensiones deberá presentar igualmente los correos electrónicos originales mediante los cuales dichos conceptos fueron solicitados al Magistrado Carvajal Londoño.
Las exigencias de la Corte exige que esta información debe entregarse con los encabezados completos (metadatos “From”, “To”, “CC”, “Date”, “Subject”, “Message-ID”) y todos los archivos adjuntos originales intactos, con preservación de sus propiedades electrónicas, tamaño y fecha de creación.
También los informes mensuales específicos presentados por el contratista durante la ejecución de los contratos.
Con esta información, la Corte Constitucional revisará si el magistrado, Héctor Carvajal estaría en el debate de la reforma pensional, pese a que la recusación en su contra cursa ante la Sala Plena del alto tribunal.
Debe destacarse que según el gobierno nacional y la Procuraduría General de la Nación, los vicios detectados en la ley fueron subsanados en las sesiones extraordinarias que desarrolló la Cámara de Representantes el pasado 27 y 28 de junio.
En consecuencia, debería avanzarse hacia su estudio de fondo en la Sala Plena, donde el ponente es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.