Reducción del salario de congresistas no se haría realidad: esta es la razón

La plenaria del Senado aprobó en segundo el proyecto de ley que reduce considerablemente el salario de los congresistas, a partir del año 2026, lo que quiere decir que la norma aplicaría para los futuros legisladores electos.

Durante la discusión se le dio vía libre a un polémico artículo que elimina las inhabilidades e incompatibilidades de los parlamentarios para que puedan trabajar en otras actividades económicas y devengar remuneración por ello.

Algunas voces en el Congreso están advirtiendo que esa medida podría viciar la iniciativa, ya que estas inhabilidades que tienen los legisladores no pueden modificarse a través de una ley ordinaria, sino a través de una reforma constitucional.

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El senador Humberto de la Calle aseguró: “aprobada la rebaja de salarios a congresistas, que he apoyado desde el principio, se aprobó también la idea de que los congresistas puedan trabajar por fuera. Error histórico, abre la puesta a numerosos conflictos de interés. Borran con el codo lo que aprueban con la mano”.

Sin embargo, el senador Jota Pe Hernández, autor del proyecto de ley, negó que la iniciativa haya quedado viciada pese a la aprobación de esta polémica propuesta.

Según Hernández, el artículo puede ser excluido en su trámite por la Cámara de Representantes o en su defecto la Corte Constitucional puede tumbar dicho ese artículo y dejar viva toda la ley.

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“Están tratando de viciar al meter este artículo que elimina las inhabilidades, pero vienen dos debates más en Cámara de Representantes en donde con seguridad esto puede llegar a sacarse. Incluso, si este proyecto se aprueba así y así pasa en la conciliación, la Corte bien puede sacar solamente ese artículo y el proyecto queda completamente vigente”, sostuvo.

Con este proyecto de ley, los congresistas dejarían de recibir alrededor de 27 millones de pesos netos y pasarían a devengar menos de 19 millones de pesos mensuales.

Esta medida no solo aplicaría para los senadores y representantes a la Cámara, sino también para otros altos funcionarios del Estado como el procurador, el fiscal, los magistrados, entre otros.