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El abogado Carlos Ernesto Camargo Assis, ex defensor del Pueblo, fue elegido este miércoles por la plenaria del Senado de la República como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tras haber obtenido 62 votos.
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Su más fuerte competidora era la jurista María Patricia Balanta, quien solo obtuvo 41 votos de los senadores, lo que significó una dura derrota para el Gobierno, que promovía el nombre de la abogada Universidad Central del Valle del Cauca.
Camargo Assis es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con especialización, maestría y doctorado en derecho.
Ha ocupado cargos como Defensor del Pueblo y Vicerrector de proyección universitaria de la Universidad Sergio Arboleda, también fue docente de dicha institución.
Camargo, quien nació en el departamento de Córdoba, también estuvo en varias ocasiones encargado de las funciones de Registrador Nacional y Ad-hoc por designación de los Presidentes de las Altas Cortes.
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También fue Secretario General, Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación y jefe de la Oficina Jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Camargo fue escogido como uno de los diez jóvenes sobresalientes de Colombia en el año 2010, por el Programa Premio Cámara Júnior Internacional de Colombia.
Recibió también la Orden Civil en el Grado de Comendador del Concejo Distrital de Cartagena de Indias; la Medalla al Mérito de Defensa a la Patria de la Gobernación de Córdoba y la Medalla Intendente Calixto Niño Monroy, de la Policía Nacional.
La elección de Camargo se dio en la plenaria del Senado en medio de una fuerte puja con la abogada Balanta y de denuncias de supuestas injerencias, no solo del Gobierno sino de otros sectores externos.
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En su discurso de presentación ante los senadores, Carlos Camargo aseguró que la Corte Constitucional “debe mantenerse independiente, no por distancia política, sino por apego a la Constitución, a la deliberación razonada y a los principios que orientan nuestro sistema democrático”.
También prometió un compromiso inquebrantable con defender la seguridad jurídica, pues aseguró que para él es un valor esencial del Estado de derecho.
"En lugar de disputarse la última palabra entre poderes, el reto consiste en construir un diálogo robusto en el que las diferencias se tramiten con respeto y las competencias se ejerzan sin injerencias indebidas”, dijo.
