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La Procuraduría respondió la tutela presentada por la defensa de Álvaro Leyva, con la que buscan tumbar la suspensión provisional de tres meses que fue impuesta por ese organismo en el marco del caso de las supuestas irregularidades en el contrato para la expedición de pasaportes.
El organismo desestimó los argumentos de la defensa, que alegan violación al debido proceso, pues la entidad afirma que la suspensión no obedece a una sanción definitiva, sino que solo busca proteger valores "superiores".
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"Pues la misma no se traduce en una situación de carácter definitiva, sino que constituye una medida cautelar que busca la prevalencia de valores constitucionales superiores", dice el documento.
La Procuraduría afirma que el investigado tiene aún todas las herramientas jurídicas para ejercer su defensa, por lo que considera que una acción de tutela no es el mecanismo adecuado.
"El sujeto procesal aun cuenta con todas las herramientas jurídicas para continuar ejerciendo su derecho de defensa y contradicción dentro del mismo, en particular, promover nulidades, interponer recursos o intervenir en el trámite en procura de defender sus derechos", agrega la respuesta.
La entidad resalta que, en este caso, no es necesaria la intervención de un juez de tutela, pues el accionante no comprobó que se encontrara en una condición de vulnerabilidad para que este proceso fuera procedente.
En el documento, el delegado mencionó que, pese a estar suspendido desde el 24 de enero, Leyva se retiró del cargo el 7 de febrero, fecha en la que se resolvió el recurso de consulta sobre la medida cautelar y que, durante ese tiempo, siguió firmando y expidiendo decisiones como jefe de cartera, por lo que eso confirma que la suspensión es necesaria.
"Las conductas posteriores adoptadas después de conocer la suspensión, no sólo corroboran la necesidad y pertinencia de la medida cautelar, sino que prima facie dan cuenta que la misma debe mantenerse incólume en los términos que dispuso la Sala Disciplinaria", resalta la entidad.
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Esta respuesta será tenida en cuenta por el magistrado ponente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, quien deberá estudiar los argumentos de la defensa de Leyva y la explicación de la Procuraduría para definir si la sanción provisional debe mantenerse.
