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En los Secretos de D'arcy Quinn, en La FM de RCN, se conoció que pronto habría consecuencias por lo ocurrido al precandidato Miguel Uribe Turbay.
Fuentes me indican que hay una alta probabilidad de que el señor Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sea suspendido de su cargo por la Procuraduría, debido a las fallas en el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe y por omitir las solicitudes realizadas por su campaña para reforzar las medidas de protección. Además, tengo entendido que varios candidatos están preparando una carta conjunta en la que expresan que Rodríguez no les ofrece garantías suficientes.
¿Y el teléfono del sicario? ¿Lo tienen, no lo tienen? ¿Quién lo tiene?
Ese tema ha generado preocupación. Según versiones conocidas, la Fiscalía no tiene en su poder el teléfono. No se sabe con certeza si el menor lo entregó a alguien, si fue robado al momento de su captura o si lo arrojó durante la huida. Lo cierto es que, con el número de línea, las autoridades ya están rastreando los contactos, los mensajes enviados y recibidos, así como las llamadas realizadas.
También han salido a la luz videos que muestran al atacante en la zona una hora antes del atentado. A través de las cámaras de seguridad del sector, se ha podido seguir su recorrido y verificar que inspeccionó la ruta de escape. Incluso, se logró establecer que una motocicleta lo estaba esperando, aunque no alcanzó a abordarla. El menor también sostuvo algunas conversaciones previas, y las personas con las que interactuó están siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades.
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Consulta popular: aumentan las voces que cuestionan su constitucionalidad
En medio del clima tenso tras el atentado contra Miguel Uribe, cada vez son más las voces que consideran inconstitucional la eventual convocatoria a una consulta popular por decreto.
Uno de los pronunciamientos más recientes es el del exmagistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, quien advirtió que convocar una consulta sin contar previamente con el concepto favorable del Senado constituye una violación de la Constitución. Según explicó, ello implicaría una usurpación de funciones jurisdiccionales, pues sería el Ejecutivo quien estaría decidiendo sobre la validez de una decisión adoptada por el Legislativo. En su opinión, esto podría tipificar los delitos de prevaricato y abuso de función pública, tanto por parte del presidente como de los ministros que suscriban la convocatoria.
Este concepto se contrapone al del también exmagistrado Luis Eduardo Montealegre, quien ha sostenido una postura diferente. No obstante, los ministros que llegaran a firmar el decreto podrían enfrentar procesos judiciales por prevaricato, en caso de que se determine que la convocatoria carece de sustento legal.
