Petro ordena desclasificar archivos del desaparecido DAS

El presidente Gustavo Petro firmó este jueves, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el decreto que ordena levantar la reserva y desclasificar los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La decisión se produjo durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas contra los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

“Queda firmado el decreto de desclasificación de los del DAS”, anunció Petro ante las víctimas y organismos de derechos humanos presentes.

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En su intervención, el mandatario también pidió perdón a los afectados “por lo que un Estado genocida hizo en Colombia”, en alusión a los seguimientos, interceptaciones ilegales y persecuciones que ejecutó el DAS durante los años 2000 contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.

El DAS, eliminado e durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez tras múltiples escándalos por espionaje ilegal, fue reemplazado por la Agencia Nacional de Inteligencia (hoy Dirección Nacional de Inteligencia).

Su historial de abusos se convirtió en uno de los episodios más oscuros de la inteligencia estatal en Colombia. Los registros que ahora serán desclasificados podrían contener información clave sobre esas operaciones y las estructuras que las ejecutaron.

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Además, anunció que la misma orden se aplicará a la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), una de las áreas más sensibles de la Policía Nacional.

“La DIPOL es la más poderosa, es una caja oscura para mí. Y va a ser una caja transparente”, dijo el mandatario. Explicó que, aunque habrá precauciones para no poner en riesgo operaciones actuales, el proceso de desclasificación será progresivo y con los “requisitos de cuidado de norma y de ley”.

Con este anuncio, el Gobierno pretende abrir un nuevo capítulo en la revisión de los archivos de inteligencia del Estado, en medio de las exigencias de organizaciones sociales y de derechos humanos que reclaman acceso a información sobre casos de persecución y violación de derechos fundamentales en Colombia.