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Crece la polémica por el borrador de un decreto divulgado por el Gobierno, que plantea modificar las condiciones bajo las cuales operan las empresas de servicios temporales en Colombia.
La propuesta busca limitar el suministro de personal y establecer topes para la contratación en misiones específicas, bajo el argumento de fortalecer el empleo directo y desincentivar la tercerización.
En diálogo con La FM Fin de Semana, los representantes de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) analizaron los alcances del borrador.
El presidente del gremio, Miguel Pérez, y la directora de Asuntos Públicos, Natalia Urrego, explicaron sus posiciones frente a las medidas proyectadas y expusieron los efectos que tendría el decreto para el empleo formal en el país.
¿Qué implicaciones tendría para el empleo la restricción a la contratación temporal?
La directora de Asuntos Públicos, Natalia Urrego, señaló que el impacto inicial se reflejaría en la pérdida inmediata de aproximadamente 70.000 plazas de trabajo asociadas a la temporada de fin de año.
Explicó que estas plazas corresponden a trabajadores con derechos laborales garantizados y afiliación a seguridad social.
Indicó que las empresas de servicios temporales funcionan como un acceso directo al primer empleo, particularmente para jóvenes, madres cabeza de hogar, personas mayores y población con barreras de entrada al mercado formal. En total, afirmó que este modelo genera cerca de 500.000 empleos al año.
Urrego agregó que más de 600 empresas del sector quedarían en riesgo de quiebra, si el decreto fuera expedido en los términos actuales.
También sostuvo que el documento confunde la tercerización ilegal con las empresas de servicios temporales, las cuales, recordó, operan bajo regulación específica y cuentan con garantías como pólizas de cumplimiento.
Resaltó además que la propuesta ha recibido más de 2.000 comentarios en la etapa de consulta pública, la mayoría enviados por trabajadores que expresaron preocupación por la posible pérdida de sus empleos.
Desde la perspectiva jurídica, el presidente de Acoset, Miguel Pérez, afirmó que el borrador desconoce el marco normativo vigente.
Señaló que “el Gobierno no conoce las tercerizaciones ni las figuras” y sostuvo que la propuesta “acaba, no está regulando” la actividad del sector.
Explicó que por primera vez se plantea un límite del 10% para la contratación temporal en cada empresa usuaria y para cada necesidad operativa, lo que afectaría directamente el empleo formal.
Recordó que las empresas de servicios temporales están reguladas por la Ley 50 de 1990 y son empleadores directos de sus trabajadores, con todas las garantías legales.
¿Qué efectos tendría el decreto sobre sectores productivos y trabajadores en misión?
Pérez explicó que la figura aplicable no es la de “trabajador temporal”, sino la de “trabajador en misión”, definida por ley para cubrir necesidades estacionales o puntuales de terceros.
Señaló que sectores como agricultura, turismo o construcción funcionan con ciclos de demanda que no permiten tener plantillas permanentes y que el modelo actual permite a las empresas cubrir picos de actividad sin comprometer su sostenibilidad.
Añadió que el esquema beneficia tanto a personas jóvenes que buscan su primera experiencia laboral como a adultos mayores que encuentran en estas misiones una forma de permanecer activos.
El dirigente gremial subrayó que sin estos mecanismos, las empresas perderían capacidad para ajustarse a las variaciones del año productivo.
Asimismo, indicó que los trabajadores en misión son formales, cuentan con seguridad social y reciben protección legal durante la duración de sus contratos. Señaló que el decreto desconoce estas características y que su aplicación podría frenar procesos de formalización laboral.
El gremio de Acoset reiteró su llamado para que el Gobierno revise el borrador antes de su expedición oficial.
Sostuvo que las medidas proyectadas podrían afectar la continuidad de cientos de miles de empleos y la operación de sectores que dependen de esquemas estacionales de contratación.
Según indicaron, la discusión continúa abierta mientras avanza la etapa de revisión del documento por parte del Ministerio del Trabajo.
