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Más de 130 organizaciones médicas, sindicales, ciudadanas y de la sociedad civil, solicitaron el archivo o el retiro del polémico proyecto de Ley 010 de 2020, que de acuerdo con esa entidades reformaría la salud en el país.
A través de una carta, los representantes de la salud aseguraron que la iniciativa con la que se dictarían “disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015”, afecta la prestación de los servicios de salud de los colombianos.
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La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho, afirmó que este proyecto de ley tiene muchas deficiencias que ponen en riesgo la atención de los usuarios.
“El Gobierno lo presenta con mensaje de urgencia y eso nos preocupa porque este es un tema de alta envergadura. Es una reforma que toca todos los temas dentro del sector salud y el mensaje de urgencia implica pocos debates, con un Congreso de la República que no está sesionando personalmente y que está tomando decisiones virtuales”, afirmó.
Indicó que no es cierto que las EPS se vayan a acabar, sino que esas entidades se van a reglamentar y llevarán otros nombres.
“El proyecto de ley tiene disposiciones que ya están en la legislación colombiana de manera inconstitucional a nuestro juicio, por la vía de resoluciones y decretos de los ministros de salud. Las EPS se les cambia por el nombre de 'aseguradoras' y aspiran ser un oligopolio , ya que de 48 entidades se pasa a 10 y se concentran los recursos de la salud en unos pocos”, señaló.
Agregó que “en Colombia se ha tenido un millón 200 mil quejas, solicitudes, reclamos y derechos ante la Supersalud solo hasta junio y anualmente el reporte es de 200 mil tutelas reclamando el derecho a la salud, lo que nos muestra que las EPS han fallado en la prestación de los servicios”, dijo.
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La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, señaló que existen además unos artículos en el proyecto de ley que afectan a los usuarios y pacientes en general, porque se aumenta el gasto del bolsillo de los colombianos.
En ese sentido, manifestó que "no se tiene en cuenta que estos incumplimientos se dan porque las EPS suspenden las citas y no entregan medicamentos entre otras barreras, para no prestar el servicio de salud".
Concluyó que “es una iniciativa irrelevante, porque solo se ocupa de enunciados exhortativos sin carácter vinculante y recaba sobre normatividad existente, sin resolver los problemas de precarización laboral en los establecimientos públicos y privados del sector".
