Organizaciones civiles rechazan consulta por decreto y advierten riesgos

Distintas organizaciones de la sociedad civil enviaron una misiva en la cual alertan sobre los graves riesgos para la democracia de Colombia de convocar a la consulta popular por decreto y sin el aval del Congreso. "Se vulneraría el orden constitucional y la separación de poderes", aseguraron en la misiva.

En la carta firmada por el Cerac, Anif, Eafit, Proantioquia, Transparencia por Colombia y Corlide entre otras organizaciones y centros de pensamiento, estas aseguran que están comprometidas "con la democracia, el Estado de derecho, la defensa de la Constitución, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y con cambios pertinentes que lleven al progreso social y al crecimiento económico del país, expresamos nuestra profunda preocupación ante el anuncio del presidente de la República de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, a pesar del concepto negativo, plenamente legítimo, del Senado de la República". 

Las organizaciones igualmente señalan que al haber un concepto del Congreso frente al tema de la consulta popular, es ilegal que esta sea convocada de la forma que pretende hacerlo el Gobierno Nacional. 

"Una convocatoria como la anunciada por el Gobierno Nacional vulnera abiertamente el procedimiento constitucional y legal, que establece la aprobación previa del Senado como requisito habilitante para una consulta popular de origen gubernamental. Además, constituye un abuso y desnaturalización del propósito del mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 104 de la Constitución. Desconocer el concepto negativo del Senado infringe también las leyes y quebranta un principio esencial de la democracia constitucional: la separación e independencia de los poderes", afirmaron.

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Frente a la inminente convocatoria a la consulta popular a través de decreto por parte del Gobierno las organizaciones hicieron varios llamados: 

1. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que no avance con la firma de un decreto que amenaza con quebrantar abiertamente el principio de separación de poderes y el marco constitucional y legal vigente en Colombia.

2. Exhortamos a las altas Cortes —particularmente a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado— a reafirmar la supremacía de la Constitución de 1991 y a proteger, con claridad y decisión, los principios que impiden la concentración del poder y garantizan el equilibrio institucional. Para esto, deben aplicar las normas constitucionales y las leyes específicas que regulan el procedimiento para convocar consultas populares en Colombia. Y, si lo consideran oportuno, deben decretar medidas cautelares y de suspensión provisional para garantizar la estabilidad institucional de Colombia.

3. Igualmente, hacemos un llamado al Congreso de la República a que siga cumpliendo, con responsabilidad y plena independencia, las tareas constitucionales de discutir y decidir sobre proyectos de ley y de hacer control político al poder ejecutivo.

4. Llamamos a la comunidad internacional a que observe con atención la situación actual de Colombia, y a que acompañe y actúe frente a esta. Estos hechos no deben entenderse como aislados en el mundo, sino como parte de un preocupante retroceso democrático a nivel global. No estamos ante un asunto ideológico ni una controversia política pasajera. Se trata de un desafío directo al orden constitucional que nos rige desde 1991. Romper las reglas de ese pacto fundamental no fortalece a la ciudadanía, ni amplía ni protege sus derechos. Por el contrario, debilita el marco que la protege y despeja el camino hacia el despotismo.

Finalmente, las organizaciones de la Sociedad Civil hicieron un llamado a preservar el orden constitucional en el país ya estar alertas ante su posible vulneración por parte del Gobierno.

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"No estamos ante un asunto ideológico ni una controversia política pasajera. Se trata de un desafío directo al orden constitucional que nos rige desde 1991. Romper las reglas de ese pacto fundamental no fortalece a la ciudadanía, ni amplía ni protege sus derechos. Por el contrario, debilita el marco que la protege y despeja el camino hacia el despotismo. En momentos como este corresponde a la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones de la sociedad civil actuar de forma responsable y vigilante. El respeto por las reglas constitucionales no es mero formalismo: es la garantía de que el poder no se ejerza sin control", puntualizaron.