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El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de su cuenta de X, rechazó el traslado de su hermano, Miguel Andrés Quintero Calle, a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, y aseguró que lo están tratando como a un criminal sin que haya sido llevado a juicio ni condenado y pidió que sean los jueces quienes frenen lo que calificó como un abuso.
La reacción de Daniel Quintero al traslado
El pronunciamiento llega después de que el presidente Abelardo de la Espriella publicara un video en el que se ve a Miguel Quintero esposado de pies y manos, con uniforme de recluso, durante su traslado. El mandatario acompañó las imágenes con el mensaje: “¡En la Patria Milagro no hay espacio para la impunidad ni para los privilegios carcelarios!”, y lo identificó como “acusado de corrupción”.
Sobre ese calificativo, el exalcalde cuestionó: “Si la palabra es acusado, ¿por qué lo presenta como un delincuente? ¿Por qué es mi hermano? ¿Por qué lo enfrenté a la Presidencia?”. También preguntó si por esas razones se le envía a Boyacá a pesar de que su hija de 6 años está en Medellín.
La investigación contra Miguel Quintero
Miguel Quintero es investigado por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. El traslado fue definido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, en segunda instancia, revocara parcialmente la decisión que le permitía cumplir la medida de aseguramiento en su residencia y ordenara su reclusión en un establecimiento carcelario.
Los argumentos del juez para ordenar la reclusión
En la audiencia de apelación, el juez sostuvo que la detención domiciliaria no es suficiente frente al peligro para la comunidad. Explicó que, según la hipótesis de la Fiscalía, Quintero no tenía cargo, contrato ni competencia en el Área Metropolitana, y habría actuado mediante grupos de mensajería, contactos personales e intermediarios.
Según el despacho, la casa por cárcel restringe la movilidad, pero no controla las comunicaciones ni a través de quién podría actuar, mientras que la reclusión ofrece una mayor capacidad de contención sobre visitas y comunicaciones.
De acuerdo con la Fiscalía, entre sobrecostos y bienes o servicios sin respaldo, el perjuicio sería de cerca de 2.481 millones de pesos. El juez aclaró que su conclusión es provisional y que la medida no equivale a una condena anticipada.
Frente a Sebastián de Dios Ortega Urán, coprocesado, el despacho confirmó la decisión de primera instancia: seguirá con medidas no privativas de la libertad, porque no se acreditó que su capacidad de dirección fuera equivalente a la de Quintero.
Claves de la noticia en cuatro preguntas:
¿Qué cuestionó Daniel Quintero sobre el traslado de su hermano a la cárcel de Cómbita?
El exalcalde de Medellín rechazó que Miguel Andrés Quintero Calle fuera trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. A través de su cuenta de X, afirmó que su hermano está siendo tratado como un criminal pese a que no ha sido llevado a juicio ni condenado. También pidió que sean los jueces quienes intervengan frente a lo que calificó como un abuso y cuestionó las razones de su traslado fuera de Medellín.
¿Qué publicación del presidente Abelardo de la Espriella provocó la reacción del exalcalde?
El pronunciamiento de Daniel Quintero se produjo después de que el presidente Abelardo de la Espriella difundiera un video en el que Miguel Quintero aparece esposado de pies y manos y con uniforme de recluso durante su traslado. El mandatario acompañó las imágenes con un mensaje contra la impunidad y los privilegios carcelarios, y se refirió a Miguel Quintero como “acusado de corrupción”. Daniel Quintero cuestionó que, pese a utilizar ese término, se le presentara como un delincuente.
¿Por qué Miguel Andrés Quintero Calle fue enviado a un establecimiento carcelario?
El traslado se produjo después de que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, en segunda instancia, revocara parcialmente la decisión que le permitía cumplir la medida de aseguramiento en su residencia. El juez consideró que la detención domiciliaria no era suficiente para controlar el peligro para la comunidad que, según la hipótesis de la Fiscalía, representaría el procesado. Por eso ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario y el INPEC definió su traslado a Cómbita.
¿Cuáles fueron los argumentos del juez para considerar insuficiente la detención domiciliaria?
El despacho explicó que, según la hipótesis de la Fiscalía, Quintero no tenía un cargo, contrato ni competencia formal en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y presuntamente habría intervenido mediante grupos de mensajería, contactos personales e intermediarios. En ese contexto, el juez consideró que la detención domiciliaria limita principalmente la movilidad, pero no permite controlar con la misma eficacia las comunicaciones, las visitas o la posible actuación a través de terceros. La reclusión, en cambio, ofrece mayores controles sobre esos aspectos.
