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A principio de año le estalló un escándalo a la Jurisdicción Especial de Paz por cuenta de los millonarios recursos que le fueron asignados en el decreto de ejecución presupuestal, para la contratación de supernumerarios y personal de planta temporal.
Esto generó enormes críticas de parte de varios sectores políticos, principalmente del uribismo, por la posibilidad que tendría la JEP de prácticamente contratar una ‘nómina paralela’ con esa plata.
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El Ministerio de Hacienda tuvo que reconocer que se trató de un error. El viceministro Andrés Pardo en su momento dijo que “se hará el ajuste correspondiente a través de un acto administrativo de la Justicia Especial para la Paz que consiste en radicar ante el Ministerio de Hacienda un traslado presupuestal, así quedará eliminado el error".
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Sin embargo, La Fm conoció que dicha equivocación no fue corregida, o por lo menos no ha sido subsanada aún.
En el anexo a este decreto, que fue expedido el pasado 6 de febrero, sigue apareciendo la misma partida de 43.488 millones para la contratación de “personal supernumerario y planta personal”.
Este nuevo documento (el anexo) contiene “el detalle desagregado de las rentas y apropiaciones aprobados por el Congreso de la República, con el cual las entidades iniciarán la ejecución presupuestal en la siguiente vigencia fiscal”. Es decir, el anexo da la autorización para que se empiece a ejecutar de manera formal el presupuesto del 2019.
Como el supuesto ‘error’ no ha sido corregido, la Jurisdicción Especial para la Paz podría disponer de más de 43.000 millones de pesos para contratar supernumerarios en este año.
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Curiosamente, en un comunicado expedido el 06 de febrero (misma fecha en la que sale el anexo del decreto de liquidación presupuestal), la JEP informó al Consejo de Estado de unas medidas que se tomarán para “superar el retraso y represamiento judicial de la Sala de Amnistía o Indulto”.
En dicha comunicación oficial, se afirma que, entre otras cosas, se buscará “contratar el personal para apoyar la gestión documental relacionada con los procesos judiciales de la Sala de Amnistía e Indulto (SAI)”, además de “contratar el sistema de gestión judicial definitivo para la Jurisdicción”.
Fuentes señalan que necesariamente la JEP tendrá que acudir a personal externo y supernumerario, posiblemente contratado por prestación de servicios, para cumplir con esas tareas.
De hecho, en el plan anual de adquisiciones, que tiene 92 páginas, aparecen centenares de contratos, algunos bajo la modalidad de licitación y más del 80% bajo la modalidad de contratación directa, los cuales oscilan entre los 70 y 5.000 millones de pesos.
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Recordemos además que la Jurisdicción Especial para la Paz modificó su manual de funciones para flexibilizar los requisitos de contratación de personal de los magistrados, y permitir la vinculación de profesionales en bellas artes y urbanismo, en cargos de Grado 33, uno de los más altos y con mejor sueldo dentro de la Rama Judicial en Colombia.
