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El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, reveló que le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger sus derechos a la libertad de expresión, derechos a la integridad psíquica y moral y a la igualdad ante la ley con ocasión a los recientes quejas disciplinarias en su contra.
Montealegre expresó su mayor preocupación luego de que la Procuraduría General de la Nación le abriera dos procesos disciplinarios, uno de ellos, por presunta participación en política.
El otro, por una supuesta injerencia en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de haberle dado una entrevista a un medio de comunicación en la que Montealegre no solo se habría referido al proceso contra Uribe, sino a la candidatura presidencial de Aberlardo de la Espriella.
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En cuanto al caso del expresidente Uribe, el exmandatario presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra Montealegre por haberlo señalado de "criminal de guerra" en varios escenarios y de difundir mensajes de odio e información falsa contra Uribe.
Por lo anterior, Uribe Vélez calificó dichas conductas como una presunta intromisión por parte del ministro Eduardo Montealegre en la administración de justicia y, especialmente, en su proceso judicial que hoy cursa una condena en su en primera instancia.
En la manifestación que hizo Eduardo Montealegre, también se refirió a la apertura de sus procesos por parte de la Procuraduría y alegó que dichos expedientes disciplinarios resultan "manifiestamente infundados e improcedentes".
En este sentido, Montelagre manifestó que, en 2015, el procurador general, Gregorio Eljach, fue investigado por la Fiscalía General de la Nación, bajo su dirección, por la presunta filtración de documentos reservados en el marco de un proceso que involucró al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, cuyo defensor fue Abelardo de la Espriella.
"Con esta solicitud ante la CIDH busco que se garantice mi derecho a opinar libremente, sin miedo a represalias, y que no se use el poder disciplinario para amedrentar o silenciar voces críticas. La situación que enfrento no solo es personal, también afecta a todas las personas que están bajo el control disciplinario", indicó Montealegre.
Añadió que "iniciar procesos sin fundamento genera miedo y lleva a la autocensura. Por eso, es necesario impedir que la Procuraduría o el Derecho Disciplinario se usen como herramientas para perseguir o castigar a las personas por expresar sus opiniones".
