La FM en Google News
El Ministerio de Minas suscribió por lo menos cinco contratos entre el 28 y 29 de diciembre, de manera directa, a pesar de que el presidente Gustavo Petro emitió una directiva a todas las entidades del gabinete y del ejecutivo para que no hubiese contratos directos.
Estos contratos superan los 110.000 millones de pesos y son todos dirigidos a CEDENAR. Centrales Eléctricas de Nariño. Esta es una entidad pública departamental.
Lea: Investigarán a Alfredo Saade por presuntas irregularidades en contratos con Gestión del Riesgo
El problema es que a finales de febrero de este año, el propio Ministerio hizo una asamblea popular de usuarios de energía y servicios públicos en donde reconoció que parte de los principales problemas de la energía en Nariño están relacionados con apagones frecuentes y el sistema tarifario. Quien lideró esa conversación con la comunidad fue el viceministro de Energía, Javier Campillo. Aquí está la memoria de ese evento hace solo un mes:
Luego de consultar con fuentes en Nariño que conocen en detalle la política y la contratación, aseguraron que lo de CEDENAR es un tema sensible, porque ha sido una empresa tradicionalmente entregada a la burocracia y “es la caja menor del Partido Conservador”, con nombres como el de la excongresista Myriam Paredes.
Sin embargo, en las últimas semanas hubo un cambio de contratos y de poder para los políticos de la región que pertenecen al Pacto Histórico como el senador Carlos Alberto Benavides, Luis Eladio Pérez, amigo personal del presidente y político con poder en el departamento, y el representante a la Cámara Erick Velazco
El viceministro Campillo, además, nombró recientemente a Juan Mauricio Montealegre al frente del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE), otra de entidad que tiene hoy varias denuncias de veedurías ciudadanas por contratación presuntamente irregular.
Lea: Sena alerta sobre contratos falsos a su nombre
Montealegre fue mencionado por el propio secretario de transparencia de Presidencia como uno de los nombres investigados en el escándalo de marionetas del difunto exsenador Mario Castaño por contratos para congresistas a través de varias entidades nacionales y regionales.
La denuncia señala que el IPSE adjudicó dos contratos de manera irregular en La Guajira porque el día que se cerró la adjudicación se abrieron las propuestas técnicas y económicas, por lo que no se pudo conocer el puntaje que los oferentes obtenían para quedarse con los contratos en la mejor oferta económica.
