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Este martes se desarrolló una cumbre entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para hablar de las garantías de seguridad de cara a las elecciones que se desarrollarán en el país el próximo año, luego del asesinato de Miguel Uribe Turbay y del atentado contra el representante Julio César Triana.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que se lograron algunos consensos en cuanto a la manera como deben ser escogido el personal de protección. “El compromiso más importante y el más pedido fue que los mismos congresistas puedan sugerir quienes son las personas que los cuidan, para tengan mayor seguridad y confianza”, indicó.
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Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, reconoció en la reunión que no tienen los suficientes vehículos para garantizar la seguridad y los desplazamientos de los dirigentes políticos.
“Si la avalancha es muy grande de pronto sea insuficiente el número de vehículos y estamos explorando la posibilidad de conseguir vehículos a través de la intermediación con Fuerzas Militares, vamos a estudiarlo con el Ministerio de Hacienda para la financiación de la compra de vehículos”, sostuvo.
Al respecto, el presidente del Congreso, Lidio García, se mostró inconforme con las medidas de protección. Aseguró que no hay vehículos para garantizar sus desplazamientos y que ni él como cabeza del poder legislativo cuenta con las garantías necesarias.
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“Como presidente del Senado quiero decirles que no estoy satisfecho con la reunión. No vi ningún tipo de solución, sino de informe. Y aquí lo que queremos son soluciones”, indicó.
“Si a mí que soy el presidente del Senado no se le está prestando atención a la seguridad que requiere mi cargo, ¿qué se deja para los compañeros que están en riesgo permanente en la provincia colombiana trasladándose por las carreteras más peligrosas de este país y que andan con un solo policía, con un carro obsoleto?”, protestó.
García anunció que citará a un debate de control político al Gobierno Nacional y a la cúpula militar y de Policía ante la falta de garantías de seguridad para los miembros del Congreso de la República en plena época electoral.
