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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encendió las alarmas este lunes al pronunciarse públicamente a través de su cuenta en X sobre la inspección que la Superintendencia de Salud ordenó a dos entidades estratégicas del departamento: la Fábrica de Licores de Antioquia y la Secretaría de Hacienda departamental. El mandatario no solo exigió que el proceso se lleve a cabo dentro del marco legal, sino que lanzó una advertencia directa al Gobierno Nacional, al sugerir que esta visita podría estar motivada por razones políticas y no técnicas. La inspección está siendo liderada por Juan David Duque García, Superintendente Delegado para Entidades Territoriales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y hasta el momento no se han reportado hallazgos concretos.
Una advertencia con nombre propio
Rendón fue contundente en sus declaraciones. A través de su cuenta en X, el gobernador publicó la imagen de la auditoría que realizará el inspector Juan David Duque García y acompañó la publicación con un mensaje que no dejó lugar a interpretaciones: "Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias, y no se trate de un látigo hostigador y vengador del gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia".
Con esas palabras, Rendón dejó sobre la mesa una pregunta que muchos ya se hacían en el departamento: ¿es esta inspección una acción técnica y legítima, o una respuesta política del Gobierno Nacional frente a los resultados electorales de Antioquia?
Una empresa que mueve billones para el país
Lo que está en el centro de esta inspección no es una entidad menor. La Fábrica de Licores de Antioquia es uno de los motores económicos más importantes del departamento y del país. Solo en 2025, aportó más de un billón de pesos por concepto del impuesto al consumo, recursos que se destinaron a programas sociales en salud, educación, deporte y cultura a nivel nacional.
Pero los aportes no se detienen ahí. Por concepto de estampillas, la Fábrica transfirió más de treinta y nueve mil doscientos millones de pesos, de los cuales quince mil seiscientos ochenta y seis millones fueron para la Universidad de Antioquia y siete mil setecientos ochenta y un millones para el Fondo de Fomento al Deporte, Proderportes. Cifras que demuestran que cualquier afectación a esta empresa repercute directamente en los bolsillos de los antioqueños.
A la espera de resultados
Pese a la tensión generada por las declaraciones del gobernador, tanto el Gobierno Departamental como la Superintendencia de Salud han guardado silencio sobre posibles hallazgos. Las autoridades locales están a la expectativa de los resultados de la visita y confían en que el proceso se desarrolle con transparencia y dentro de las competencias legales de la entidad nacional.
Lo que sí es claro es que Antioquia seguirá de cerca cada paso de esta inspección. El gobernador Rendón lo dejó dicho: el departamento espera una actuación institucional seria, no una diferencia más entre el gobierno local y el nacional.
Las claves de la noticia, en tres preguntas
¿Por qué la Superintendencia de Salud inspecciona la Fábrica de Licores de Antioquia?
La Superintendencia de Salud ordenó una visita de inspección a la Fábrica de Licores y a la Secretaría de Hacienda departamental. Sin embargo, hasta el momento la entidad no ha explicado públicamente las razones técnicas que motivaron esta decisión, lo que ha generado incertidumbre y suspicacias desde el Gobierno Departamental
¿Qué tan importante es la Fábrica de Licores de Antioquia para la financiación de servicios públicos?
Es fundamental. En 2025, esta empresa aportó más de un billón de pesos en impuesto al consumo para programas sociales del país, además de más de treinta y nueve mil millones en estampillas para la Universidad de Antioquia y el fomento del deporte regional.
¿Qué pide el gobernador Andrés Julián Rendón ante esta inspección?
Rendón exige que la visita se desarrolle dentro del marco legal y las competencias propias de la Superintendencia de Salud. Además, advirtió públicamente que espera que esta inspección no sea una represalia política del Gobierno Nacional contra Antioquia por los resultados de las pasadas votaciones en el departamento.
