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En Colombia, las mujeres que han decidido poner sus nombres a consideración en los procesos electorales, en muchas ocasiones han sido objeto de discriminación y maltrato.
Piedad Córdoba, Claudia López, Ángela María Robledo, Clara López, Marta Lucía Ramírez, entre otras, son solo algunas de las mujeres que han sido atacadas en la vida política nacional por su condición género.
A propósito de diferentes episodios sufridos por su madre, el senador Juan Luis Castro Córdoba, hijo de Piedad Córdoba, presentó este martes un proyecto de ley para responder a la violencia política contra las mujeres.
El propósito es establecer mecanismos de prevención, vigilancia y sanción de los actos de acoso y de violencia política contra las mujeres, para garantizar un ejercicio pleno de sus derechos políticos.
"La intención es que el Estado garantice a las mujeres igualdad de oportunidades y de trato, no discriminación y equidad en el acceso a las instancias de representación política y en el ejercicio de funciones públicas", sostuvo.
Para cumplir con ese objetivo, el proyecto de Juan Luis Castro Córdoba establece que:
a. Acoso político: todo acto de presión, hostilidad, persecución, hostigamiento o intimidación cometido por cualquier persona, por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o de cualquier miembro de su familia, con el propósito de impedir, menoscabar, suspender o restringir su postulación o elección, o de impedirle ejercer las funciones de servidora pública, o para inducirla u obligarla a realizar acciones u omisiones cont1·arias al ejercicio de sus derechos a la participación política.
b. Violencia Política: Se entiende por violencia política los insultos, amenazas y agresiones físicas, sexuales o psicológicas cometidas por una persona, por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o de cualquier miembro de su familia, con el propósito de impedir, menoscabar, suspender o restringir su postulación o elección, o de impedirle ejercer las funciones de servidora pública, o para inducirla u obligarla a realizar acciones u 01nisiones contrarias al ejercicio de sus derechos a la participación política.
El proyecto contempla que el Consejo Nacional Electoral pueda pasar a imponer sanciones de amonestación escrita, multa hasta por cien salarios mínimos legales mensuales, suspensión del ejercicio de derechos políticos hasta por veinticuatro meses o hasta la expulsión. También la Procuraduría podrá imponer sanciones cuando el autor de la conducta de acoso o de violencia política sea un servidor público.
Juan Luis Castro llegó al Congreso en el nuevo periodo que inició el pasado 20 de Julio en la bancada de la Alianza Verde.
