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La exministra Carolina Corcho y el excongresista Gustavo Bolívar, precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, interpusieron una tutela contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que exigen les “sean amparados los derechos fundamentales a la participación política, al debido proceso y la igualdad”.
De acuerdo con Corcho, "esa tutela lo que está pidiendo es medidas cautelares provisionales que se den en el corto plazo, 24 o 48 horas, para evitar que el Consejo Nacional Electoral ejerza un daño irremediable sobre quienes queremos participar en la consulta popular del Pacto Histórico".
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Los dos aspirantes presidenciales radicaron la tutela con “carácter de urgencia”, debido al vencimiento para la inscripción de precandidatos que, según el calendario electoral, abrió el pasado 19 de septiembre y se extenderá hasta el 26 del presente mes.
En el comunicado mediante el que oficializaron el proceso, confirmaron que se “busca un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Bogotá (...) de cara a los condicionamientos hechos por el CNE a través de la reciente resolución que otorga personería jurídica condicionada, de la cual, por lo demás, aducen incurrió en demoras que inciden también en el proceso”.
La resolución 09673, expedida el 17 de septiembre por el Consejo Nacional Electoral, otorgó el aval para la fusión de los partidos que componen la coalición Pacto Histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana, a Progresistas y a la Minga.
Además, según el documento, “condiciona la existencia legal del movimiento a la conclusión de procesos sancionatorios en curso contra partidos que integran la fusión”.
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Ante esta situación, mediante la tutela esperan “suspender de manera parcial los efectos de la resolución y al mismo tiempo que se ordene a la Registraduría Nacional permitir la inscripción inmediata de sus precandidaturas presidenciales y legislativas”.
Así las cosas, desde el Pacto Histórico buscan llegar como una sola fuerza a los comicios del próximo año, pues aseguran que “no existen razones jurídicas para impedir el reconocimiento pleno de la personería”.
