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El Ministerio de Hacienda radicó su análisis económico sobre la reforma laboral luego del “hundimiento virtual” de la iniciativa. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda no se presentó una estimación total de los costos de la reforma, argumentando la falta de los elementos suficientes para realizar tal cuantificación.
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En cuanto a los impactos económicos, el análisis señaló que algunas de las propuestas podrían generar un aumento en los costos laborales para el sector privado, particularmente aquellas relacionadas con el recargo por horas extra y la ampliación de la jornada laboral nocturna.
No obstante, se plantea que el aumento de los costos laborales podría verse compensado por el aumento en la productividad derivado de mejores condiciones laborales.
Específicamente, el Ministerio destacó que algunas medidas como el artículo 21 que propone una remuneración económica para los estudiantes de medicina que realicen su internado, que implicaría un costo anual estimado de entre $149.466 millones y $233.664 millones, que tendrían que ser cubiertos por la Nación.
Se sugiere que esta propuesta sea articulada con la normativa existente del Sistema Nacional de Residencias Médicas, para evitar duplicidades en el financiamiento.
Otro aspecto importante es la ampliación gradual de la licencia de paternidad, que pasaría de dos a cuatro semanas en 2026 y que también afectaría el presupuesto del sector salud, dado que las EPS tendrían que financiar el 100% del salario durante el período de licencia.
Este gasto debe ser coordinado con el proyecto de ley 312 de 2024, que busca reformar el sistema de salud en Colombia.
A pesar de los posibles impactos fiscales, el Ministerio subrayó que los beneficios a largo plazo de la reforma, como la mayor formalización laboral y el aumento en la productividad, podrían generar mayores ingresos tributarios que compensarían los costos iniciales.
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La entidad precisó que aunque la reforma tendrá costos fiscales, los beneficios derivados de una mejora en el mercado laboral y el crecimiento económico contribuirían a un mayor recaudo tributario, lo que permitiría compensar los gastos adicionales asociados a la implementación de la reforma.
Sin embargo, el Gobierno ha señalado que el desarrollo de estas disposiciones debe estar sujeto a las proyecciones de gasto y la disponibilidad presupuestal de los sectores involucrados y que las medidas deben estar alineadas con el Marco Fiscal de Mediano Plazo para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto.
