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El Gobierno Nacional dio claridad sobre el informe que presentaron sobre lo ocurrido en Tierralta, (Córdoba), en donde hombres encapuchados que al parecer eran miembros de la Fuerza Pública haciéndose pasar por disidentes de las Farc, amenazaron a la comunidad.
En las últimas se hicieron algunas revelaciones de prensa que indican que lo ocurrido en esa región del país se trató de un montaje entre militares y líderes del Clan del Golfo para sacar al Ejército de la zona, según lo detalla el documento elaborado por el Ministerio del Interior.
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A raíz de esto, el director de Derechos Humanos de esta entidad, Franklin Castañeda, se refirió al tema y aclaró que en dicho informe se documentan las diferentes versiones sobre lo ocurrido en Tierralta, al tiempo que agregó que la denuncia sobre un supuesto montaje no es una conclusión que haya sacado el Gobierno, sino una denuncia de la propia comunidad.
“Tampoco para nosotros es posible hablar de que cualquiera de esas versiones tiene asidero en la realidad y que efectivamente estamos frente un montaje o no. Insisto, lo que hicimos como Ministerio del Interior fue recoger en un resumen de las distintas versiones que hay en la comunidad y darles traslado; no tenemos una postura como Ministerio del Interior que indique una u otra cosa, es una versión de distintos actores en la zona”, aclaró.
Añadió que “se habla de que la presencia del Ejército en la zona ha ocasionado violaciones de Derechos Humanos, otros dicen que había perdonas del Clan del Golfo, otros plantean que fue una estrategia para intentar sacar al Ejército de la zona, pero el Estado no va a renunciar al control territorial en ninguna parte del país, no es posible hablar de la salida de la Fuerza Pública de ningún territorio”.
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Castañeda también aclaró que no es cierto que en el informe se haya mencionado que este caso pudo haberse dado con la anuencia de la ONG Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, de la cual hace parte Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República.
“Quiero ser muy claro que en el informe nosotros no hemos mencionado, ni escuchamos en ninguna versión comunitaria, al hermano del señor presidente”, sostuvo.
Dijo que el informe que se elaboró tuvo como propósito recoger todo el contexto sobre la situación en esa región, para poder atender a la comunidad que históricamente ha sido abandonada.
"Necesitamos un plan social integral que vincule a todas las entidades del Estado para cambiar la economía de la zona, que es cocalera, para transformar la situación social en la zona, para llevar atención y educación a los niños", finalizó.
