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La discusión sobre los alcances que tiene el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó a Colombia por la destitución y la inhabilidad proferida contra el entonces alcalde Gustavo Petro, sigue dando de qué hablar.
El senador Armando Benedetti convocó un debate en el Congreso al cual asistieron varios funcionarios del Gobierno Nacional que se mostraron preocupados por lo establecido en esa sentencia.
Según Benedetti, se deben impulsar los cambios legislativos necesarios para dejar claro que los funcionarios elegidos popularmente solo pueden ser destituidos o separados del cargo por un juez penal y no administrativo, como es el caso de la Procuraduría.
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“Hay que crear una excepción para los elegidos por voto popular, no es mucho, es solo un tema de interpretación, no hay que cambiar la Constitución, es interpretarla como dijo la Corte Interamericana que hay que hacerlo y son tres o cuatro artículos los que hay que cambiar, lo que quiere decir que tampoco es mucho lo que habría que hacer en materia legislativa”, indicó.
El Gobierno reiteró que cumplirá la sentencia emitida por la Corte Interamericana, pero aseguró que aún existen muchas dudas sobre los alcances de la misma, que podría perjudicar las competencias que tiene el Consejo de Estado sobre la pérdida de investidura y otras más que posee el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ante esto, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, reveló que están estudiando presentar una aclaración del fallo.
“Obviamente vamos a cumplir la sentencia, debemos terminar el análisis correspondiente para ver si corresponde pedir una solicitud de interpretación de la sentencia, esto no tiene instancias, aquí simplemente cabe la interpretación y eso es lo que haremos. Estamos trabajando con la Cancillería, con la Procuraduría, con la Contraloría, con el Consejo de Estado, porque nos preocupa el proceso de pérdida de investidura y con el Consejo Electoral han surgido incertidumbre”, dijo.
La canciller Claudia Blum afirmó que se están buscando fórmulas para cumplir esta sentencia de la mejor manera posible.
“Colombia viene haciendo esfuerzos para cumplir las órdenes en todos y cada uno de los 21 casos anteriores en los cuales la Corte Interamericana ha emitido sentencia respecto de nuestro país. El Ministerio y las autoridades competentes trabajan a diario por su cumplimiento y Colombia se mantiene al día en el cumplimiento de las decisiones judiciales del sistema interamericano”, indicó.
La ministra del Interior, Alicia Arango, coincide con el hecho de que se necesitan reformas urgentes para adecuar la legislación, ya que son miles los funcionarios que están siendo investigados por los órganos de control.
“No se puede desconocer el ajuste normativo que hay que hacer en Colombia, esto implica una revisión a la institucionalidad del país. Hay que profundizar en esta sentencia y examinar los casos que están siendo investigados por la Contraloría y la Procuraduría, que son más de 20.000”, indicó.
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El presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, también se mostró preocupado porque este fallo de la Corte IDH podría afectar la facultad para revocar las inscripciones de candidatos.
“La pregunta es si las decisiones de revocatoria de inscripciones pueden ser objeto o no de revisión, teniendo en cuenta que las mismas violan los derechos políticos de una persona en esa instancia del proceso electoral”, indicó.
Los congresistas y los diferentes funcionarios solicitaron una rápida adecuación de la legislación colombiana para ajustarnos a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
