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La Oficina del Consejero Comisionado de Paz salió al paso de la controversia generada por la suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, y defendió la medida como parte de la estrategia de “paz urbana” del Gobierno.
En un comunicado, la entidad aseguró que estas decisiones “se toman en el marco de la Ley 2272 de 2022” y responden a dinámicas propias de la construcción de paz, en medio de los cuestionamientos políticos y judiciales que ha generado la medida en distintos sectores.
El pronunciamiento se produjo luego de que la Fiscalía formalizara, mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, la suspensión de las órdenes de captura contra los voceros de las denominadas Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), que participan en acercamientos con el Gobierno.
¿Qué motivó la decisión?
La suspensión de las órdenes de captura fue solicitada por el propio Gobierno nacional como parte de los espacios de conversación socio-jurídicos que se adelantan en Medellín. La medida tiene una vigencia inicial de seis meses y busca permitir la participación activa de estos voceros en los diálogos.
Entre los beneficiados figuran reconocidos jefes criminales del Valle de Aburrá, algunos de los cuales ya estaban en libertad o incluso fuera del país, lo que ha incrementado la polémica alrededor de la decisión.
El objetivo, según ha explicado el Gobierno, es avanzar hacia un eventual sometimiento a la justicia de estas estructuras, en el marco de la política de “paz total”.
“No implica libertad”
Uno de los puntos centrales del comunicado es la aclaración sobre los alcances reales de la medida. La Oficina del Comisionado fue enfática en señalar que la suspensión de órdenes de captura “de ninguna manera implica la excarcelación” de los voceros.
El Gobierno advirtió que cualquier interpretación en ese sentido constituye “una grave e irresponsable desinformación”, en respuesta a las críticas que han surgido desde la oposición.
En la misma línea, la Fiscalía ha explicado que la decisión no afecta a quienes ya se encuentran privados de la libertad por condenas vigentes ni impide capturas en flagrancia por delitos graves como secuestro o extorsión.
Críticas de sectores políticos
La decisión ha desatado un fuerte debate político. Congresista de oposición, entre ellos la candidata presidencial Paloma Valencia, han cuestionado que se otorguen beneficios judiciales a cabecillas de organizaciones criminales, e incluso han advertido sobre posibles riesgos para la seguridad y el proceso electoral.
Las críticas se han dirigido directamente al presidente Gustavo Petro y a su política de paz total, que busca negociar o someter a distintos actores armados, incluidos grupos urbanos sin estatus político.
“Ahora quieren tomarse Antioquia con los violentos también para ganar las elecciones. Denunciaremos ante las instancias internacionales. El Gobierno se está siendo cómplice de la criminalidad en Colombia”, indicó la candidata Valencia.
