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Una solicitud formal plantea la suspensión de órdenes de captura contra integrantes y representantes de organizaciones armadas ilegales que participan en procesos de diálogo o sometimiento a la justicia, con el objetivo de facilitar avances en estas conversaciones.
Sustento legal de la medida
La petición se fundamenta en el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que permite este tipo de beneficios jurídicos cuando los involucrados hacen parte activa de espacios de diálogo con el Estado.
De acuerdo con el documento, la medida busca garantizar la movilidad de los voceros designados, permitiendo su participación efectiva en los procesos orientados a la desarticulación de estructuras criminales y su tránsito hacia la legalidad.
Voceros designados y participación en el proceso
Entre los beneficiados se encuentran ocho voceros principales y 15 suplentes, designados por el presidente de la República mediante resoluciones emitidas en 2023 y 2025.
Estos representantes participan en el Espacio de Conversación Sociojurídica que se desarrolla en la cárcel de Itagüí.
Los voceros principales son: Albert Antonio Henao Acevedo, alias ‘Alber’; Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias ‘El Montañero’; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’; José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’; Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Saya’; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’; y Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias ‘El Abogado’.
Impacto en seguridad y alcance de la medida
La solicitud también señala que estos acercamientos han coincidido con una reducción en indicadores de violencia en Medellín y el Valle de Aburrá, incluyendo homicidios, desapariciones y desplazamientos intraurbanos. Además, se menciona la disminución de las llamadas “fronteras invisibles” en algunos sectores.
La suspensión de las órdenes de captura tendría una vigencia inicial de seis meses y aplicaría en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá, así como en Rionegro y Bogotá.
