Gobierno presenta proyecto para mantener el Ministerio de la Igualdad

El Gobierno Nacional radicó este miércoles un nuevo proyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de garantizar la continuidad del Ministerio de la Igualdad, luego de que la Corte Constitucional anulara la norma que le dio origen por vicios en su trámite legislativo.

La presentación del proyecto respondió al mandato de la Corte, que exigió al Ejecutivo volver a presentar la iniciativa para subsanar los errores identificados en el proceso anterior.

El ministro de Igualdad, Carlos Rosero, explicó que la nueva radicación se ajustó a los requerimientos legales establecidos por el alto tribunal.

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“Estamos cumpliendo un mandato de la Corte Constitucional que ordenó y nos dio un tiempo para presentar de nuevo el proyecto de ley que permita continuar con las misiones, con las tareas, que tiene el Ministerio de Igualdad y Equidad creado durante este gobierno. Eso es básicamente lo que hicimos hoy”, afirmó el ministro.

Rosero aclaró que el contenido del proyecto no sufrió modificaciones sustanciales. Señaló que la instrucción de la Corte fue precisa en cuanto a mantener la esencia del documento, por lo que el texto radicado mantuvo los mismos lineamientos de la versión anterior.

“Sustancialmente el Ministerio no cambia nada. Y eso es el mandato de la Corte. Vuélvanlo a presentar, lo volvimos a presentar hoy. No hay cambio significativo, en esencia es el mismo documento porque debe seguir el ministerio”, indicó el funcionario.

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El Ministerio de la Igualdad se creó como una apuesta del Gobierno para enfrentar las desigualdades sociales y promover políticas inclusivas que beneficien a poblaciones históricamente marginadas. A pesar del revés jurídico, el Ejecutivo reiteró su compromiso con esta entidad y su intención de mantenerla operativa.

“El ministerio tiene una razón de ser. En un país con todas las desigualdades, con todos los niveles de pobreza, con todos los indicadores que hay, debe seguir”, concluyó Rosero.

El proyecto comenzará ahora su curso legislativo en el Congreso, donde deberá superar los debates requeridos en ambas cámaras para que su continuidad quede asegurada bajo los parámetros establecidos por la Corte Constitucional.