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La negativa de varios gobernadores a aplicar el decreto de emergencia económica que crea nuevos impuestos al tabaco y a los licores llegará este lunes 19 de enero a una reunión clave en el Ministerio de Hacienda, en medio de tensiones entre el Gobierno nacional y las regiones.
La cartera económica convocó el encuentro tras el anuncio de varios mandatarios departamentales de no acatar el decreto, una norma con fuerza de ley con la que el Gobierno busca aumentar el recaudo para cubrir el déficit fiscal.
“Hemos extendido invitación a las y los gobernadores a una mesa de trabajo el lunes 19 de enero, a las 8:00 a. m., en la sala Antonio García Nossa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de aclarar las distintas inquietudes que sobre este tema se susciten”, informó el Gobierno en un comunicado.
Expectativa de los gobernadores
Desde La Guajira, el gobernador Jairo Aguilar anticipó un debate de fondo sobre el impacto fiscal, social y constitucional de la medida.
En entrevista con La FM, confirmó que llegará al encuentro con “preocupaciones enormes” frente al decreto, aunque destacó el espacio de diálogo convocado por el Ejecutivo.
“Manifestamos nuestro desacuerdo con este decreto, pero agradecemos el espacio para conocer de primera mano las expectativas del Gobierno”, señaló.
Aguilar explicó que los impuestos al licor y al tabaco son una fuente esencial de financiación para los departamentos, especialmente para La Guajira, que enfrenta limitaciones adicionales por la situación de las regalías.
“Estos impuestos garantizan la atención en educación, salud, deporte y a la población vulnerable”, afirmó, al advertir que los recursos sostienen servicios básicos.
El mandatario fue enfático en que una eventual reasignación del recaudo al nivel central afectaría de manera directa a territorios con altas necesidades sociales.
“Trasladar estos recursos es una medida que consideramos errónea”, dijo, al subrayar que La Guajira cuenta con cerca de 1,2 millones de habitantes, más de la mitad pertenecientes al pueblo indígena wayuu.
Aguilar también planteó reparos constitucionales frente al decreto expedido bajo la emergencia económica.
“Entendemos la urgencia fiscal del Gobierno, pero no puede usarse como pretexto para romper el diseño constitucional, el sistema tributario descentralizado ni menoscabar la autonomía regional”, advirtió.
En ese sentido, señaló que esperan un pronunciamiento de la Corte Constitucional, instancia que, a su juicio, debe definir la legalidad de las medidas.
“La Corte Constitucional es la única competente para decidir si se aplican o no las medidas decretadas por el Gobierno nacional”, reiteró.
Respuesta al ministro Benedetti
Frente a las advertencias del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que los gobernadores podrían incurrir en prevaricato si no aplican el decreto, Aguilar respondió que los mandatarios regionales tienen el derecho y el deber de pronunciarse.
“Como gobernador de La Guajira tengo el derecho de manifestarme y plantear los perjuicios que se generan”, sostuvo.
Insistió en que la postura de su departamento no es aislada y que la preocupación se extiende a varias regiones, por lo que se espera una amplia asistencia de gobernadores a la reunión con el ministro de Hacienda.
“Dependemos de estos recursos para financiar servicios esenciales. Mal se haría a un departamento que tanto le ha dado al país si ahora se le quitan estos recursos”, afirmó.
¿Pedirán modificar o derogar el decreto?
Sobre la posibilidad de solicitar la modificación o derogatoria del decreto, Aguilar indicó que la posición final dependerá de lo que exponga el Gobierno nacional en la mesa de diálogo.
“Queremos escuchar los planteamientos del Gobierno y, a partir de ahí, fijar nuestras posiciones”, explicó.
Finalmente, advirtió que un aumento de impuestos podría generar efectos no deseados, como el crecimiento del contrabando y del consumo de licores ilegales o artesanales.
“La gente no va a dejar de tomar; lo que ocurrirá es que se disparará el contrabando”, concluyó.
