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La contienda electoral de 2026 en Colombia podría desarrollarse bajo serios riesgos para la libertad del voto en amplias zonas del país, debido a planes de interferencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.
Así lo reveló una investigación publicada por la Revista Semana, basada en documentos de inteligencia y testimonios recopilados en distintas regiones.
Estas organizaciones ilegales estarían fortaleciendo su control territorial y diseñando estrategias para incidir directamente en los procesos electorales, especialmente en zonas donde la presencia del Estado es limitada.
La investigación advierte que, en esos territorios, el voto no sería completamente libre, debido a la intimidación armada, el control social y las reglas impuestas por los grupos ilegales a las comunidades.
Más de 600 municipios en alerta
Los documentos conocidos señalan que más de 600 municipios tendrían algún nivel de influencia de estas estructuras, una cifra considerablemente mayor a la registrada en procesos electorales anteriores. En varios de estos territorios, las comunidades enfrentarían restricciones para hacer política, realizar reuniones, promover campañas o participar sin presiones en las elecciones.
En algunos casos, los grupos armados definen qué candidatos pueden hacer proselitismo, vetan aspirantes que consideran contrarios a sus intereses y ejercen un control permanente sobre la población. Este dominio territorial se traduce en un escenario en el que los electores pueden verse obligados a seguir orientaciones políticas impuestas bajo amenaza o temor a represalias.
Según Semana, existen antecedentes recientes en los que hombres armados habrían acompañado procesos de votación, generando un ambiente de presión e intimidación sobre votantes, jurados y líderes locales. Estas prácticas, señala la investigación, representan un riesgo directo para el carácter libre y secreto del sufragio.
Los departamentos con mayor riesgo
Entre las regiones con mayor nivel de alerta se mencionan el Catatumbo, así como zonas del Cauca, Nariño y el Pacífico colombiano, donde la disputa territorial entre organizaciones ilegales se ha intensificado. En estos territorios, el control armado no solo impacta la seguridad, sino que tendría una capacidad real de influir en decisiones políticas y electorales.
La investigación también recoge la preocupación de autoridades regionales y sectores políticos frente a este panorama. Varios líderes han advertido sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad electoral, fortalecer las labores de inteligencia y garantizar condiciones para que candidatos, jurados y ciudadanos puedan participar sin presiones.
Uno de los principales desafíos del país de cara a las elecciones de 2026 será garantizar comicios libres, seguros y transparentes, en un contexto marcado por el avance territorial de grupos armados ilegales y la persistencia de la intimidación en varias regiones. La advertencia pone sobre la mesa el riesgo de que, en algunos territorios, la democracia se vea condicionada por la violencia y el control criminal.
