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En la plenaria del Senado no ha podido avanzar un proyecto de ley que tiene como propósito adoptar medidas para promover el acceso, la permanencia y la calidad en el servicio público educativo, en los niveles de educación preescolar, básica, media y superior.
La iniciativa busca establecer una serie de controles a los colegios y universidades privadas, para proteger la destinación de los recursos y reducir las barreras acceso al sistema educativo en el país.
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Sin embargo, según explicó el senador Julio Elías Vidal, autor de la propuesta, en las últimas tres plenarias que se han convocado no se ha podido votar la totalidad del articulado, al parecer por la resistencia de varios legisladores.
En algunas sesiones se ha dañado el quórum por cuenta de que los congresistas han argumentado que se debe desarrollar una mesa técnica en la que participen los promotores de la ley, el Ministerio de Educación y los representantes de instituciones públicas y privadas, para dar un concepto sobre el proyecto.
Elías Vidal solicitó a la plenaria no aplazar más la discusión y votación de la propuesta legislativa. “Yo lo que quiero es que no se siga aplazando este debate, que ya se ha aplazado tres veces (…) ya no quiero que se siga aplazando. Demos la discusión del caso y en caso dado de que haya que hacer otra reunión u otra audiencia o lo que usted quiera, pues lo hacemos con miras al próximo debate; porque ya creo que se ha aplazado demasiado este debate del proyecto de ley e incluso estamos atentando también contra el orden del día de la plenaria del Senado”, indicó.
La senadora Paloma Valencia manifestó su preocupación en la reciente plenaria, advirtiendo que el proyecto podría afectar a las universidades privadas. “Yo encuentro excelentes intenciones en este proyecto, pero sí nos preocupa sobremanera ir a complicar la vida económica de las universidades privadas, que como todos saben ya están en una profunda crisis”, dijo.
El senador Álex Flórez defendió la iniciativa y dijo que “los dueños de universidades privadas son los prestadores de un servicio público, que es el de la educación; que lo hacen, además, amparándose y sosteniéndose sobre la matrícula que es pagada por los estudiantes”.
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Este proyecto de ley busca prohibir las remuneraciones excesivas o injustificadas para el personal directivo de los colegios y universidades privadas. También establece que cualquier aumento en el valor de las matrículas, pensiones y cobros periódicos que superen el índice de inflación solo pueda darse con autorización del Ministerio de Educación.
También plantea la prohibición de los incrementos o recargos en el valor de las matrículas cuando su pago se haga después de la fecha de vencimiento ordinaria, lo que se ha denominado como “matrículas extraordinarias”.
Se espera que la propuesta sea abordada en la próxima plenaria del Senado de la República que se llevará a cabo la próxima semana.
