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Un enorme rechazo ha causado el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto la consulta popular sobre los derechos laborales que se hundió en el Senado el pasado 14 de mayo.
Ocho partidos políticos se unieron para expedir un comunicado en el que advierten que esta medida es un “golpe de Estado”, porque está desconociendo la decisión que tomó el Congreso de emitir un concepto desfavorable sobre la iniciativa.
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“Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho. El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada”, señalan.
Además, advierten que esta decisión controvierte lo dicho por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que al admitir una demanda contra la decisión del Senado dejó claro que el trámite de la consulta sí se culminó en el Congreso y que por lo tanto debería considerarse como un ”acto definitivo”.
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“Hoy los partidos políticos que acompañamos el presente comunicado reiteramos nuestro respaldo y respeto incondicional a las Cortes y demás ramas del poder público para que actúen con independencia - y determinación frente a esta imposición unilateral que excede las funciones y competencias constitucionales del Gobierno. Igualmente, hacemos un llamado a la ciudadanía para rodear a las instituciones y proteger nuestra Constitución”, añaden.
También le solicitan al registrador nacional que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, para la convocatoria de la consulta popular.
“En caso de que se expida un decreto convocando una consulta popular, confiamos en que el señor Registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral. El Registrador Nacional debe verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión respecto de la consulta popular”, manifiestan.
Aseguran que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le está causando un daño muy grave a las instituciones y Colombia no puede seguir sometida “a una persona que pretende desconocer el Estado de Derecho” y que no respeta la autonomía del Congreso de la República.
