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Luego de que 17 gobernadores de todo el país anunciaran que no aplicarán varios de los apartes del decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional, ya llegó la primera solicitud a las autoridades para que se tomen decisiones.
Desde el Pacto Histórico, el representante Alejandro Ocampo, solicitó a la Procuraduría y a la Fiscalía que investigue a los mandatarios regionales que se nieguen a aplicar esta medida, tras considerar que puede estar incurriendo en una falta grave.
“He pedido a la Fiscalía y a la Procuraduría que investigue a los gobernadores que dicen que no van a aplicar el decreto. La ley no les permite a ellos desobedecer los decretos del presidente con fuerza de ley”, indicó.
El dirigente político afirmó que los mandatarios departamentales podrían estar incurriendo en un delito, tras negarse a aplicar las medidas emitidas por el Gobierno departamentales forma excepcional.
“A medida que cada uno de ellos aplique un acto administrativo donde diga que no va a cobrar los gravámenes que ha dicho el presidente, entrará en un prevaricato. La única forma de que ellos no cometan un delito es que el Consejo de Estado o la Corte inapliquen el decreto presidencial. Mientras tanto, según la Constitución estos decretos tienen fuerza de ley”, añadió.
Lo mismo había advertido el Gobierno a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que los gobernadores podrían estarse exponiendo a sanciones legales por parte de las autoridades judiciales.
“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando esas funciones”, afirmó el ministro Benedetti.
Sin embargo, los mandatarios afirmaron que pueden acudir a la figura de excepción de inconstitucionalidad para no aplicar esta medida que, según ellos, afectará gravemente a los ciudadanos y las finanzas de los departamentos.
