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La magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó en entrevista con La FM que el macrocaso 07 sobre reclutamiento forzado registra 18.677 víctimas acreditadas y entra en una ruta dialógica tras la imputación a antiguos miembros del secretariado de las FARC por crímenes de guerra.
¿Qué sigue en el macrocaso 07 sobre reclutamiento forzado en la JEP?
La magistrada explicó que se identificó un universo provisional de hechos correspondiente al periodo entre 1971 y 2016. Señaló que actualmente participan más de 11.000 víctimas, entre ellas 2.000 individuales y seis colectivos étnicos. Tras la imputación realizada en 2024, indicó que se recibió una solicitud de perdón y un reconocimiento del daño por parte de los comparecientes.
Rueda afirmó que el proceso continúa con la ruta dialógica, que contempla encuentros directos entre comparecientes y víctimas. “Las víctimas lo han solicitado desde 2019 para transmitir sus emociones y esperanzas”, señaló. Según explicó, esta etapa hace parte del procedimiento previsto dentro del sistema transicional.
Sobre las posibles decisiones, precisó que si el proceso avanza por la vía restaurativa, se realizará una audiencia de reconocimiento. “Para que exista reconocimiento, se debe aceptar la responsabilidad, el daño causado y que estos crímenes de guerra no pueden tener perdón judicial”, manifestó. Añadió que, si la sala lo considera procedente, se habilitará una sanción restaurativa.
¿Habrá cárcel o sanciones restaurativas para los responsables?
Frente a las críticas sobre la naturaleza de las penas, la magistrada indicó que existe un debate en torno a la impunidad. Señaló que antes de la creación de la JEP el fenómeno estaba invisibilizado y que solo existían 380 investigaciones y pocas sentencias en la justicia ordinaria. “Nuestra investigación es robusta y ha develado patrones macrocriminales inéditos”, expresó.
Indicó que el proceso incluye capítulos sobre violencias de género e intrafilas, y que las sanciones deben corresponder a los daños específicos identificados. “Las sanciones se construyen también con las víctimas”, sostuvo, al referirse al modelo adoptado por la jurisdicción.
Sobre la posibilidad de perder beneficios, explicó que una vez la Sala de Reconocimiento determine que existe aceptación suficiente de responsabilidad, emitirá una resolución de conclusiones para que la sección correspondiente defina las sanciones concretas. Precisó que este procedimiento se ajusta a las reglas del sistema.
Consultada sobre si la ausencia de privación de la libertad podría enviar un mensaje a otros grupos, respondió que es necesario reflexionar si lo que ocurre hoy es “igual a nada”. Afirmó que se ha construido una narrativa judicial que atribuye responsabilidad penal individual por políticas de un grupo armado que ha pedido perdón.
Finalmente, señaló que el conocimiento generado debe servir para analizar la situación actual de la niñez y evitar la repetición de los hechos. “No partimos de una base de indiferencia o desconocimiento”, concluyó, al indicar que el proceso ha permitido visibilizar la magnitud de la violencia sufrida por niños en el conflicto.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
