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Gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos expusieron en La FM sus argumentos jurídicos y fiscales frente a la aplicación de nuevos tributos decretados en el marco de la emergencia económica, señalando efectos sobre las finanzas territoriales, la salud y el aumento de la ilegalidad.
Las posiciones fueron planteadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y por el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, quienes explicaron las razones por las cuales varios mandatarios evalúan no aplicar disposiciones relacionadas con licores y cigarrillos mientras la Corte Constitucional adopta una decisión de fondo.
¿Por qué los gobernadores invocan la excepción de inconstitucionalidad?
Rendón explicó que los gobernadores expusieron la posibilidad de actuar “apegados a la Constitución” mediante la figura de la excepción por inconstitucionalidad, la cual permite no aplicar normas consideradas desproporcionadas. Según indicó, esta herramienta está prevista en el ordenamiento jurídico y fue citada en un salvamento de voto consignado en el auto 272 de 2023.
El gobernador afirmó que la aplicación de los tributos “afecta gravosamente principios de la Constitución” y golpea las finanzas territoriales, dejando sin respaldo programas departamentales. Señaló que la actuación de los mandatarios busca proteger recursos propios y sostuvo que “obedecer la Constitución Política de Colombia es la premisa”.
Frente a los anuncios del Gobierno nacional sobre eventuales acciones judiciales, Rendón señaló que los gobernadores “no están haciendo nada distinto” a acudir a una figura jurídica existente desde hace más de un siglo. Añadió que la decisión apunta a defender intereses departamentales hasta que la Corte se pronuncie, y que, si ese fallo avala las normas, deberán acatarlo.
Rendón cuestionó la transferencia de recursos al nivel nacional y preguntó “por qué tendríamos que girarle recursos” destinados a programas sociales. Indicó que la excepción permite no aplicar la norma mientras se define su constitucionalidad y advirtió sobre el impacto que tendría un eventual fallo de inexequibilidad si los recursos ya fueron girados.
Sobre el respaldo regional, el gobernador informó que en una reunión participaron 17 gobernadores y que al menos 16 compartieron esta postura, debido a una afectación que calificó como significativa. También mencionó riesgos asociados al incremento del contrabando derivado de cargas tributarias sobre licores y tabacos.
¿Cuál es el impacto fiscal y el riesgo de ilegalidad según la FND?
Didier Tavera afirmó que las rentas cedidas a los departamentos tienen destinación específica en salud, educación y deporte, y que los cambios tributarios propuestos alteran ese esquema. Indicó que elevar el IVA de licores y aumentar la carga a los cigarrillos traslada recursos al presupuesto nacional y no a las entidades territoriales.
El director de la FND precisó que no se defiende a las industrias y señaló que, aunque el consumo debería disminuir, “si fuman y toman, que lo paguen”. Agregó que la preocupación surge porque la carga impositiva no se queda en los territorios y se suma a una deuda del sistema de salud que, según citó, alcanza 21 billones de pesos.
Tavera advirtió que, si las EPS intervenidas no giran recursos y se incrementan los impuestos a las principales rentas departamentales, “esto va a activar el consumo ilegal”. Indicó que el 36 % del consumo de cigarrillos ya es ilegal y que mayores impuestos podrían trasladar ese consumo hacia estructuras ilegales.
Sobre la relación con el Gobierno nacional, explicó que la FND solicitó una mesa de trabajo y expuso las inconveniencias del decreto. Señaló que el aumento en el precio del aguardiente ejemplifica la preocupación regional y afirmó que “no es una lucha de clases”, sino un debate sobre contrabando y consumo adulterado.
Tavera sostuvo que varios gobernadores consideran aplicar la excepción de inconstitucionalidad porque se trata de rentas departamentales y mencionó la posibilidad de tutelas por vulneración de derechos. Finalmente, indicó que la FND enviará comunicaciones a la Corte Constitucional y espera que el Gobierno reconsidere la aplicación del decreto tras una reunión de alto nivel.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
