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El Senado de la República aprobó en su segundo debate el proyecto de ley que pretende reducir, a partir del 2026, el salario de los congresistas, eliminando entre otros, la prima especial de servicios que supera los 14 millones de pesos.
Sin embargo, la incitativa no sería del todo color de rosa pues varios han denunciado que se trepó un ‘mico’ que abriría la puerta para que los congresistas puedan dedicarse a otras actividades económicas, en paralelo con su función legislativa.
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“Hasta que al fin se le dio un caramelo que el congreso quería como transacción para bajarse el salario y era que se les permitiera siendo congresistas dedicarse a otras actividades económicas. Esto lo había prohibido el constituyente en nuestra Constitución de 1991”, dijo la representante Catherine Juvinao.
De esta manera, según la congresista de la Alianza Verde, el proceso quedaría viciado y sería casi inminente que la Corte Constitucional lo tumbe, pues el régimen de inhabilidades e incompatibilidades no se puede cambiar por medio de una ley ordinaria como esta.
“Hacen cosas que no es de un legislador, cómo se les ocurre meter un artículo en una ley ordinaria que es una reforma a la Constitución. Lo están viciando para que la corte tumbe el proyecto y luego todos se laven las manos, no hay derecho a aprovecharse de un anhelo de la ciudadanía para meter semejante orangután, descarado”, puntualizó.
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También cuestionó que, “si ya varios congresistas se dedican a traficar influencias, ahora legalmente influyendo e intercambiando favores para dedicarse a esas otras actividades económicas, el nivel de conflicto de interés, el nivel de tráfico de influencias y el nivel de corrupción que se puede generar no está vista y lamento decirles que esto puede resultar mucho peor que la enfermedad”.
