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La ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos, solicitó de manera oficial adoptar medidas urgentes para derogar la Resolución Conjunta 1350 del 10 de julio de 2026, mediante la cual los Ministerios de Salud, del Trabajo, de Educación Nacional y de las Culturas, las Artes y los Saberes adoptaron la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035.
La petición fue dirigida a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia de la República, y plantea la necesidad de revisar la legalidad y el alcance de la norma, así como de contener sus efectos mientras se evalúan los cuestionamientos presentados.
De acuerdo con el documento, el Ministerio de Educación considera que la resolución no se limita a establecer mecanismos de coordinación entre entidades estatales, sino que incorpora lineamientos sobre sexualidad, género y derechos reproductivos que deberán tenerse en cuenta en diferentes ámbitos de la educación.
Cuestionamientos sobre la autonomía escolar
Uno de los principales puntos expuestos por la ministra es la incorporación transversal de los contenidos de la política pública en los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio, las prácticas pedagógicas, la formación docente y los planes territoriales.
El documento señala que la resolución establece objetivos relacionados con la transformación de las normas sociales y de género, además de ordenar la implementación de sus contenidos en las instituciones educativas.
Frente a este alcance, la cartera de Educación advierte sobre una posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres de familia a escoger el tipo de educación que reciben sus hijos.
La solicitud también plantea dudas sobre la competencia legal de los ministerios para establecer, mediante una resolución administrativa, determinadas obligaciones de carácter curricular y pedagógico.
En ese sentido, la ministra considera necesaria una revisión inmediata del acto administrativo para determinar si las disposiciones incluidas cuentan con suficiente respaldo normativo.
Dudas sobre la vigencia hasta 2035 y la financiación
Otro de los argumentos presentados se relaciona con el horizonte de aplicación de la política pública, establecido para el periodo 2026-2035.
Según la comunicación, existe un cuestionamiento sobre la utilización de una resolución administrativa para proyectar compromisos durante casi una década, cuando su fundamento inmediato estaría relacionado con el ciclo de planeación gubernamental 2022-2026.
La ministra también advierte sobre la necesidad de precisar las obligaciones de planeación y financiación que se derivarían de la implementación de la política.
En particular, el documento señala que deben identificarse de manera suficiente las apropiaciones presupuestales, las fuentes de financiación y las competencias de gasto de las entidades responsables.
Esta revisión, según la solicitud, permitiría establecer si los compromisos previstos pueden ejecutarse dentro del marco legal y presupuestal correspondiente.
Resolución de cuatro ministerios
La Resolución Conjunta 1350 del 10 de julio de 2026 fue expedida por los Ministerios de Salud y Protección Social, del Trabajo, de Educación Nacional y de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Su propósito es adoptar una política nacional intersectorial para orientar las acciones estatales en materia de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos durante el periodo 2026-2035.
Sin embargo, la comunicación del Ministerio de Educación sostiene que el alcance de sus disposiciones requiere un examen jurídico, especialmente en lo relacionado con las competencias de las autoridades administrativas, la autonomía de las instituciones educativas y los recursos necesarios para cumplir las medidas.
Por esa razón, la ministra pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia considerar acciones urgentes encaminadas a la derogatoria de la resolución y a la contención de sus efectos.
¿Qué sigue para la política de derechos sexuales y reproductivos?
La solicitud abre la discusión sobre el alcance jurídico de una política pública intersectorial y su implementación en el sistema educativo colombiano.
La eventual derogatoria dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes, luego de evaluar los argumentos jurídicos y administrativos expuestos en la comunicación.
Por ahora, el texto suministrado corresponde a una solicitud de revisión y derogatoria. No constituye, por sí mismo, una decisión que deje sin efectos la Resolución Conjunta 1350 de 2026.
Tampoco se cuenta aún con una respuesta de la Secretaría Jurídica de la Presidencia ni con una posición de los otros tres ministerios que permita establecer si respaldan los cuestionamientos o si se adoptarán medidas frente a la norma.
La discusión se centra, por tanto, en determinar el alcance de las competencias ministeriales para establecer lineamientos educativos, las garantías de participación de las familias y las condiciones jurídicas y presupuestales para ejecutar la política durante el periodo previsto.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Qué establece la Resolución Conjunta 1350 de 2026?
La Resolución Conjunta 1350 del 10 de julio de 2026 adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, formulada por los ministerios de Salud y Protección Social, del Trabajo, de Educación Nacional y de las Culturas, las Artes y los Saberes.
¿Por qué la ministra de Educación solicita derogar esta resolución?
La ministra solicita revisar y derogar la norma debido a presuntos cuestionamientos constitucionales y legales relacionados con las competencias de los ministerios para establecer obligaciones curriculares y pedagógicas, la autonomía escolar y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
¿Qué aspectos de la resolución generan preocupación sobre su implementación?
Entre los aspectos señalados están la incorporación de sus contenidos en los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio, las prácticas pedagógicas y la formación docente. También existen dudas sobre la financiación de la política y la posibilidad de establecer compromisos hasta 2035 mediante una resolución administrativa.
¿La solicitud de derogatoria significa que la resolución ya dejó de estar vigente?
No. La solicitud presentada ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia busca impulsar medidas urgentes para derogar la resolución y contener sus efectos, pero no implica que la norma haya perdido vigencia. Para establecer si fue modificada, suspendida o derogada, es necesario verificar si existe una decisión oficial posterior.
