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Han pasado dos años desde que se dio la histórica firma del Acuerdo de Paz del teatro Colón que permitió la desmovilización y el desarme de las Farc tras más de cinco décadas de conflicto armado contra el Estado.
Por eso, transcurrido este periodo hay quienes consideran que es hora de hacer un corte de cuentas a la implementación de lo pactado.
Al respecto, la justicia trancisional entregó un balance del trabajo que se ha venido realizando hasta ahora para implementar lo acordado en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.
La Comisión de la Verdad está a nueve días de comenzar sus funciones. Tendrán solo tres años a partir del próximo 29 de noviembre para construir un documento que evidencie la verdad de los hechos del conflicto.
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Saúl Franco, comisionado de la Verdad, señaló que para cumplir con este mandato ya se están instalando las casas de la verdad en todas las regiones del país.
"Vamos a terminar este año con diez Casas de la Verdad y esperamos los primeros meses de 2019 tener 26 para que las víctimas, los actores, los testigos y todo el que quiera darnos su testimonio y su versión de los acontecimientos, o solicitar nuestra colaboración en el proceso pueda acudir allí a hacerlo", dijo Franco.
Por su parte, la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas ya comenzó a funcionar pero sigue sin financiación. De acuerdo a Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, hace falta voluntad política.
"Yo creo que depende de la voluntad política del Gobierno para que se cumpla un compromiso que es vital para la construcción de paz como es que la unidad pueda tener el personal necesario para emprender una búsqueda desde una perspectiva humanitaria y extrajudicial", dijo.
De acuerdo con el Centro Nacional de memoria histórica de 30.000 secuestrados durante el conflicto armado, no se conoce el paradero de cerca de 27.000 de ellos.
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Por último, la Jurisdicción Especial para la Paz entregó un balance de sus actuaciones pero además hizo un llamado de atención ante los cambios que viene introduciendo el Congreso en la ley de procedimiento, entre otras cosas, para que la JEP no pueda practicar una serie de pruebas.
"Es absolutamente inconstitucional que un juez de la República tenga una competencia de carácter judicial y no pueda practicar pruebas, esa norma es radical e inconstitucional", dijo el magistrado de la JEP Eduardo Cifuentes.
La conclusión hasta ahora es que la implementación del acuerdo de paz está apenas en su etapa inicial y que hacen falta garantías para quienes en las regiones están sintiendo la reconfiguración de otros actores armados.
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