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A medida que el gobierno de Gustavo Petro traza su recta final, la Defensoría del Pueblo libra una batalla que ya no quiere dar en silencio: evitar que su presupuesto vuelva a reducirse en 2027. Las cuentas de la entidad que vigila los derechos humanos menguan desde 2024, con menos recursos y más alertas en el territorio.
La Defensoría se enteró el 9 de marzo de una potencial merma para el próximo año. El Ministerio de Hacienda, con una circular externa, pidió empezar a construir el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2027. Quien suceda a Petro en la Casa de Nariño le presentará al Congreso la iniciativa a finales de 2026.
El tope presupuestal que el ministerio liderado por Germán Ávila le asigna al organismo humanitario es de apenas 1,06 billones de pesos, más de doscientos mil millones menos que en 2024, cuando se fijó en 1,27 billones. Una reducción sistemática, como lo expone la defensora Iris Marín en una carta para Ávila.
La misiva, de cinco páginas, califica como “unilateral” el decrecimiento de los recursos, y protesta porque “vulnera el principio de autonomía constitucional, inclusive presupuestal”, y “restringe seriamente el cumplimiento” de las funciones de la entidad. El Ejecutivo le anunció a la Defensoría que revisará la decisión.
No es una confrontación nueva. A lo largo del año pasado, la primera administración de izquierda en la historia reciente de Colombia —con Gustavo Petro, quien ternó a Marín en 2024 para encabezar la Defensoría— negó varias peticiones del ente adscrito al Ministerio Público, a diferencia de, por ejemplo, las de la Procuraduría.
El Congreso le avaló al Ejecutivo un Presupuesto General de 546,9 billones de pesos para 2026. En el primer debate, cuando las comisiones económicas de Senado y Cámara cortaron diez billones de lo que el Gobierno radicó inicialmente, la Procuraduría iba a recibir 1,51 billones de pesos. En el segundo, la cifra fue de 2,1 billones.
Un pulso presupuestal con trato desigual
La suma coincidió con la aprobación de la Universidad de la Procuraduría, un proyecto insignia del procurador general, Gregorio Eljach, y el avance de la conmemoración del bicentenario del ente de control, con la que la Nación se comprometió a entregar unos 200.000 millones aparte del monto de la nueva institución educativa.
En contraste, la Defensoría del Pueblo le solicitó a Hacienda, la principal cartera involucrada en el impulso del presupuesto general en el Legislativo, unos 1,34 billones de pesos, teniendo en cuenta los importes de 2025, la inflación de entonces y la llegada de un año con dos —y posiblemente tres— jornadas electorales.
Tanto la agencia dirigida por Germán Ávila como el Congreso ignoraron la petición. La propuesta del Ejecutivo rondó los 1,21 billones de pesos, y el Congreso finalmente asignó 1,19 billones, que representaron una minoración de aproximadamente 60.000 millones frente a los rubros de 2025, que rozaban los 1,25 billones.
En 2024 la apropiación de la Defensoría se dividió en 1,11 billones de pesos de funcionamiento y 162,9 mil millones para inversión. Para 2027, con los topes que el Gobierno proyecta, el funcionamiento quedaría en poco más de 995,5 mil millones, y la inversión, escasamente 66,4 mil millones, cayendo en un 59%.
Los recursos concedidos actualmente y los anunciados para el próximo año son “insuficientes para garantizar el cumplimiento de la misionalidad de la entidad”, indica la Defensoría en su carta del 31 de marzo para el ministro de Hacienda. Buena parte de los gastos son “inflexibles” e “indispensables” para la presencia en el terreno.
A finales de 2025 se notaron los impactos de los retazos y las tensiones con el Gobierno. Unos cinco mil integrantes del sistema de defensa pública no recibieron sus últimos honorarios del año, pese a que alcanzan a cargar al tiempo con cerca de cuatrocientos casos de personas procesadas que no pueden pagar un abogado particular.
Menos recursos, más presión en la defensa pública
La denuncia salió a la luz el 25 de diciembre, el jueves de Navidad. El Colegio de Abogados Penalistas, la asociación académica más grande de Colombia en el derecho penal, llamó la atención en sus redes sociales por el incumplimiento. "No hay justicia posible cuando quienes la sostienen trabajan sin remuneración oportuna", sentenció.
El Ministerio Público aseguró que su intención era pagar antes de las festividades, pero que el Ministerio de Hacienda no lo permitió. La defensora Marín reconoció que el año pasado el organismo no tuvo los recursos suficientes para “el pago oportuno” de los defensores públicos, si bien cada uno “lleva más procesos de los que es razonable”.
La Constitución Política señala que la Defensoría tiene autonomía administrativa y presupuestal, lo que la exmagistrada auxiliar Marín ha cuestionado. A pesar de la mentada independencia, el Gobierno ha asignado a su parecer el cálculo que considera adecuado para la entidad, y el Congreso, por su parte, incluso lo disminuye.
"¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?", reparó Marín. El Colegio de Penalistas afirmó que "la defensoría pública no es prioridad del Estado". "Es hora de hablar de los abusos que se cometen contra los defensores", concluyó. Hacienda destrabó los giros el 20 de enero de 2026.
La misiva para el ministro Ávila —que va con copia a la directora general del Presupuesto Público Nacional, Martha Hernández Arango, y el funcionario Johan Sebastián Portela Baquero— zanja que “no es posible estructurar un anteproyecto de presupuesto consistente y técnicamente viable” con los topes estipulados.
Marín no solo solicitó “respetar la autonomía de la entidad”, sino que pidió gestionar los 211 mil millones de pesos adicionales que acercarían el capital a los 1,27 billones con los que contaba la Defensoría en 2024. Ese es el margen con el que el Estado calcula su defensa de los derechos humanos.
