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El Consejo Gremial Nacional manifestó su rechazo frente al decreto con el que el presidente de la República convocó a una consulta popular sobre la reforma laboral, a pesar de que la iniciativa fue previamente negada por el Senado.
En un comunicado, los gremios advirtieron que la decisión del Ejecutivo “es abiertamente inconstitucional” y vulnera el principio de separación de poderes.
“El Congreso continúa con el trámite legislativo de la reforma laboral, la cual aborda varias de las preguntas planteadas en el decreto, esto hace aún más injustificada la convocatoria de este mecanismo de participación”, señalaron los gremios.
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Desde su perspectiva, la decisión del presidente “vulnera abiertamente el principio de separación de poderes (art. 113 C.P), uno de los pilares esenciales de todo Estado democrático”.
Añadieron que ningún poder del Estado puede suplantar o desconocer las decisiones adoptadas por otro, sin comprometer la legalidad ni poner en riesgo la estabilidad institucional.
“Actuar en contravía de este principio impone un precedente peligroso en la concentración indebida del poder”, advirtió el Consejo Gremial, al insistir en que se trata de un acto “abiertamente inconstitucional”.
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También alertaron sobre el momento político y social del país, al advertir que este tipo de decisiones agudizan la confrontación en lugar de aportar serenidad. “El país clama por unidad, serenidad y responsabilidad institucional. Con este acto, el presidente de la República, no solo agudiza la confrontación, sino que incumple su mandato constitucional del que él simboliza la unidad nacional”, agregaron.
La advertencia gremial se da, además, en medio de lo que califican como una “amenaza a la ruptura institucional”, especialmente por la coincidencia con otros hechos como la posible suspensión de la regla fiscal —que deja sin claridad la restricción presupuestal del Gobierno Nacional y el deterioro de la seguridad en regiones como Bogotá, Cauca, Valle del Cauca y los Santanderes.
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“El Consejo Gremial Nacional reitera la importancia de preservar el orden jurídico y la democracia como bases esenciales de un Estado Social de Derecho”, concluyeron. También expresaron su respaldo al uso de mecanismos legales y su confianza en que las autoridades judiciales competentes evalúen la validez del decreto expedido por el Ejecutivo.
