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El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella radicó una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que se iniciara una investigación contra el presidente Gustavo Petro por hechos que, según su denuncia, constituyeron instigación a crímenes de lesa humanidad y/o genocidio, tras el asesinato Miguel Uribe Turbay.
De La Espriella presentó la denuncia en la que señaló: “El presidente Gustavo Petro, con sus declaraciones incendiarias, ha contribuido a la polarización, la incitación al odio y la inestabilidad del país. Mientras en Colombia las investigaciones se engavetaban por arreglos políticos, la Corte Penal Internacional tiene la competencia para actuar en defensa de los Derechos Humanos de la oposición”.
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El precandidato se apoyó en la reciente resolución del Parlamento Europeo que condenó el asesinato de a Uribe Turbay. En ese documento se advirtió que ese crimen “no fue un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia e intimidación política en Colombia”.
En la solicitud, De La Espriella también advirtió sobre la supuesta “connivencia del régimen de Petro con el gobierno de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles, estructura transnacional acusada por Estados Unidos de narcotráfico y terrorismo, que opera en las fronteras colombo-venezolanas y fortalece a grupos insurgentes y disidentes”.
El escrito incluyó un llamado a que la Corte Penal Internacional active las investigaciones ante lo que consideró la incapacidad de las instituciones colombianas para garantizar justicia. “Colombia necesita protección internacional porque su propio gobierno se ha convertido en un factor de riesgo para la oposición y para millones de ciudadanos que reclaman seguridad, libertad y democracia”, expresó.
De La Espriella se presentó como víctima indirecta en calidad de ciudadano y precandidato de oposición, y vinculó su petición a hechos relacionados con amenazas y atentados contra líderes políticos y sociales. Afirmó que la resolución europea también denunció atentados terroristas, asesinatos de líderes sociales, periodistas y miembros de la Fuerza Pública, por lo que pidió a la Corte investigar tanto a los autores materiales como a los instigadores.
De La Espriella enfatizó que la intervención internacional debe enviar un mensaje contundente: “La Corte Penal Internacional no solo está llamada a investigar los hechos, sino a enviar un mensaje claro: en Colombia no puede normalizarse la persecución política ni la violencia como herramientas de poder”.
