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David Racero puede continuar como congresista. El Consejo de Estado rechazó tres demandas de pérdida de investidura en su contra, que estaban acumuladas en un expediente y, desde abril del año pasado, alegaban pagos ilícitos a un asesor para cumplir varias labores ajenas a su cargo.
Las demandas se basaban en las revelaciones de septiembre de 2024 en la revista Cambio, que publicó que Racero le pidió “apoyo” a Leonardo García, integrante de su unidad de trabajo legislativo (UTL), para revisar las cuentas de un supermercado que el representante manejaba junto a su familia entre 2020 y 2021.
Yoad Pérez y Jorge Moreno adjuntaron en su solicitud de pérdida de investidura capturas de pantalla y transcripciones de audios de varios medios de comunicación que revelaron las conversaciones entre Racero y García. Su postura es que el congresista incurrió en "indebida destinación de dineros públicos".
El Consejo citó en diciembre a una audiencia virtual para confrontar a los demandantes con el parlamentario —de la coalición gobiernista Pacto Histórico— y su defensa. La Procuraduría intervino para pedirle a la Sala 12 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura que conserve el cargo del bogotano.
Pantallazos insuficientes en el caso fruver contra Racero
"La presentación de capturas de pantalla, impresiones o textos transcritos carece de valor probatorio técnico por sí sola, dado que este tipo de evidencias puede ser fácilmente manipulado o editado sin dejar trazabilidad forense verificable", dijo el Ministerio Público. La Sala estuvo de acuerdo con el argumento.
El procurador del caso afirmó que su postura se basa en "la valoración probatoria, porque es un tema fundamentalmente de carácter probatorio". El magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez encabezó la diligencia, que no se extendió por más de una hora. El consejero registró su proyecto de fallo el 28 de enero.
La sentencia definitiva, de 46 páginas, insiste en que no fue posible obtener un concepto técnico “concluyente o válido” sobre los pantallazos sin el celular original donde está la información, sin una extracción forense con herramientas especializadas o sin datos sobre la cadena de custodia o el origen del material.
David Racero acusó a los demandantes y a la prensa de "suplantar en la esfera pública el dictamen de los honorables magistrados". "Las argumentaciones de la demanda fueron absolutamente insuficientes", sostuvo en diciembre. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo indaga desde agosto del 2025.
Las conclusiones del Consejo de Estado y la posible apelación
“Es especialmente relevante advertir que” las capturas de pantalla “por sí solas no tienen la suficiente entidad jurídico procesal para dar por acreditada la configuración o estructuración de la causal de desinvestidura”. Es decir, no sirven para comprobar que el representante movió de forma ilegítima plata del Estado.
Además, aunque las solicitudes también incluían la hoja de vida de Leonardo García y ratificaban su rol como conductor y funcionario en labores logísticas, los elementos “no tienen la entidad ni la potencialidad de acreditar” que el congresista le ordenó “atender negocios particulares” en noviembre de 2020 y enero de 2021.
La conclusión del Consejo de Estado es que el expediente no derrumbó la presunción de inocencia de Racero encima de “toda duda razonable”, “por la sencilla pero suficiente razón de que no se demostró que el congresista demandado ordenara, solicitara o pidiera al servidor público (...) que atendiera negocios particulares”.
En total, cinco magistrados firmaron el rechazo de la investidura, incluyendo al expresidente del Consejo de Estado en 2025, Luis Alberto Álvarez Parra. El consejero Juan Enrique Bedoya aclaró su voto. Contra la sentencia puede interponerse un recurso de apelación. El representante Racero celebró en su cuenta de X.
